Los Ayuntamientos dicen basta a los pisos vacíos

El contexto económico-social actual y la cantidad de pisos que han ido a parar a manos de entidades bancarias y que se mantienen vacíos porque no encuentran inquilinos a precio de mercado han puesto en alerta a los Ayuntamientos. En este sentido, son muchos los que han aprobado o están a punto de incluir en sus ordenanzas sanciones a los propietarios de esos pisos desocupados o que negocian convenios y cesiones para convertirlos en viviendas de alquiler social.

Santa Coloma fue uno de los municipios pioneros en este tipo de acciones. El Ayuntamiento aprobó en 2012 una medida pionera en Catalunya a través de la cual inspecciona, detecta y sanciona, dentro del marco de la Ley Catalana de Viviendas, los propietarios con pisos cerrados durante más de dos años y que no registran ningún uso familiar o personal ni consumo de suministros.

Durante estos poco más de dos años, el Consistorio de Santa Coloma ha inspeccionado más de 223 viviendas, que en 161 de los casos han sido declarados vacíos. De éstos, se han impuesto ya un total de 25 multas coercitivas a los propietarios, todos bancos o cajas. Con la recaudación de esas sanciones, 2.500 euros cada una, el  Ayuntamiento refuerza las ayudas a las familias con pocos recursos.

Otro de los municipios pioneros en actuar contra los pisos vacíos fue Badalona. En este caso, la vía fue a través de convenios con los bancos que tenían la propiedad de esas viviendas.

"No cerramos la puerta a poder sancionar los bancos que tengan pisos vacíos, pero se trata de procesos muy largos porque se debe acreditar que el piso está vació, instruir el expediente sancionador, tramitarlo, etc. Lo que nosotros intentamos es ir más rápido firmando convenios con los bancos, ya que también les interesa que el piso tenga una utilidad y cobrar al menos los 200 euros de alquiler social”, explica Daniel Gracia, concejal de Vía Pública y Movilidad del Ayuntamiento de Badalona.

Los primeros convenios se firmaron en marzo de 2012 con Catalunya Caixa y Bancaja (actualmente Bankia) y la valoración que se realiza desde el Consistorio es muy positiva, ya que Badalona, sin contar con parque de vivienda pública, ha podido poner a disposición de los ciudadanos más de 70 viviendas a precio de alquiler social.

Santa Coloma como modelo

Otros municipios como L’Hopitalet, Cornellà, Viladecans, Terrassa o Sabadell han seguido la línea planteada por Santa Coloma y han optado por incluir en sus ordenanzas sanciones a los propietarios de pisos vacíos, haciendo especial énfasis en las entidades bancarias.

De esta manera, L’Hospitalet aprobó en enero una moción que prevé sanciones de entre 3.000 y 6.000 euros a las entidades bancarias que mantengan desocupados pisos de su propiedad en la ciudad. El objetivo es poder dar una salida social a los más de 500 pisos que hay desocupados en la ciudad.

Por su parte, Cornellà también aprobó en febrero la imposición de sanciones a los propietarios que mantengan viviendas desocupadas por un período superior a dos años y que dispongan de la primera licencia de ocupación que garantiza su uso como vivienda.

El número de pisos vacíos en el municipio es menor, pero también la mayoría pertenecen a bancos o cajas, a los que se les multará con 1.000 euros si se niegan a ocupar esos pisos en un plazo de un mes o cederlos al Ayuntamiento para que pueda gestionarlos en régimen de alquiler para destinarlos a vivienda social.

Incentivos fiscales a propietarios particulares

Viladecans, además de impulsar multas coercitivas de hasta 180.000 euros por situaciones de desocupación permanente e injustificada de una vivienda, ofrece facilidades a los particulares para que pongan pisos vacíos a disposición de la Bolsa de Alquiler Social del municipio. Entre las medidas aprobadas en enero, se subvenciona el 75% del impuesto de Bienes Inmuebles, se realizan todas las gestiones de manera gratuita y se asegura el cobre de la renta mensual establecida.

Terrassa también fue un municipio pionero en la acción contra los bancos y cajas con pisos vacíos ya que se convirtió en el primer consistorio en aplicar la Ley Catalana de Vivienda e interponer multas a entidades financieras por tener pisos desocupados durante más de dos años. Esta misma semana el Ayuntamiento ha cobrado las primeras tres sanciones, de 5.000 euros cada una y, además, la entidad le ha cedido la gestión de esas tres viviendas para destinarlos a alquiler social.

El último en sumarse a estas acciones ha sido el Ayuntamiento de Sabadell, que el martes presentó en pleno ordinario una ordenanza municipal para regular el procedimiento de verificación de viviendas vacías, promover su ocupación y sancionar a los propietarios que no cumplan con los requerimientos municipales.

En caso de que se constate que una vivienda lleva deshabitada más de dos años se procederá a abrir un expediente administrativo y a aplicar la correspondiente tasa de 455€ que establece esa nueva ordenanza.

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