Fuerzas políticas, sindicales y sociales firman por la municipalización del agua en Terrassa
PSC, CiU, PP y C's no han asistido al acto de la firma del pacto aunque la Mesa del Agua asegura que habían invitado a todo el mundo
Acto de firma del Pacto Social por el Agua en Terrassa / periodico
Por qué confiar en El Periódico Un total de nueve fuerzas políticas, tres sindicatos y asociaciones sociales de Terrassa firman el Pacto Social para el Agua Pública en el municipio, un documento que apuesta por la municipalización del servicio del agua. La concesión de este servicio a la empresa privada Mina finaliza en 2016 y delante de esto, la Mesa del Agua pone en marcha un movimiento para conseguir que la gestión de este servicio pase a manos públicas.
Entre los firmantes están ERC, Terrassa en Comú, ICV, MES, CUP, Procés Constituent, Podem, EUiA, ICV y SI. También se han sumado CCOO, UGT, la FAVB y la asociación de vecinos Segle XX. Desde la Mesa aseguran que han invitado a la firma a todo el mundo pero que hay fuerzas políticas, como PSC, PP, C’s y CiU, que no se han querido sumar.
El documento parte de la base que el agua es “un derecho humano universal esencial” y que se debe conseguir un modelo de gestión “público o comunitario, sin ánimo de lucro”. En este sentido, establece que debe haber una dotación mínima que debería rondar en torno a los 60-100 litros por persona al día, así como “el compromiso de no cortar el suministro en caso de imago justificado socialmente”.
El pacto también apuesta por la cooperación internacional en programas de materia de recursos hídricos y por una gestión integral del ciclo del agua. Considera también que los recursos hídricos son bienes comunes y no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados y exige a la Generalitat y a los gobiernos municipales que los servicios de suministro y saneamiento queden fuera de la lógica de mercado y los criterios y prioridades de los negocios privados.
Por otro lado, establece la necesidad de introducir los criterios sociales en la gestión del agua, de manera que se repercuta el coste real de la prestación a los usuarios, aplicando tarifas que se fundamenten en los principios de capacidad económica, equidad, eficiencia, simpleza y transparencia.
Para conseguir el buen funcionamiento de esta municipalización del agua, el texto, expone que hace falta crear mecanismos de control y participación ciudadana, de manera que se pueda comprobar el buen funcionamiento del servicio y si hace falta aplicar algún cambio. Para ello, se propone crear un consejo social integrado en el propio ente gestor.
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