El Ayuntamiento de Terrassa propone una tasa sobre la telefonía móvil para 2015

Ballart defiende que todo el que tenga una actividad económica en la ciudad debe contribuir "en justa proporción" al sostenimiento de las finanzas municipales

ACN / Terrassa

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El Ayuntamiento de Terrassa propone una nueva tasa para las compañías titulares de la red de telefonía móvil en la ciudad, después que la anterior quedara anulada en 2012. El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, defiende la tasa asegurando que hace falta que todo el mundo que realiza su actividad económica en la ciudad “contribuya en justa proporción al sostenimiento de las finanzas municipales”.

Se trata de una tasa pionera en Catalunya por lo que se refiere a los criterios de aplicación y tiene como objetivo “garantizar que todas las empresas y actividades profesionales e industriales que desarrollen su actividad en el municipio estén sujetas a impuestos o tasas sin excepción de su naturaleza”.

Así, esa nueva ordenanza recoge la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo después que las compañías presentaran recursos contra la tasa anterior, que quedó suspendida judicialmente en 2012. Esta jurisprudencia indicaba que no se pueden gravar las compañías suministradoras que no sean titulares de la red, es decir, las comercializadoras y que el cálculo de la tasa se debe hacer en base a la ocupación efectiva del dominio público.

La anterior ordenanza estaba en vigor desde 2006 y las compañías la recorrieron porque se hacía el cálculo en base al porcentaje de ingresos de las empresas. El Tribunal de Justicia de la UE reconoció el derecho de los Ayuntamientos a cobrar una tasa a las compañías que hacen negocio en el espacio público pero consideró que la fórmula que se aplicaba para hacerlo no era válida. Por este motivo, la tasa quedó anulada en julio de 2012.

Ballart reconoce la “legítima defensa” de sus derechos por parte de las empresas pero asegura que el Ayuntamiento no se plegará a los intereses del mercado y de las grandes empresas “mientras que el resto de actividades económicas de la ciudad cumplen sus obligaciones fiscales a pesar del momento económico difícil”.

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