El alcalde de Terrassa califica de "tomadura de pelo" las medidas sobre vivienda

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, califica de “tomadura de pelo” las nuevas medidas que este martes anunciaba la Generalitat en materia de vivienda. Asegura que “beneficia más a los bancos que a las familias a las que se supone que quiere proteger” y que “la mayoría de las medidas ya estaban contempladas por normativas anteriores pero prácticamente no se han puesto en marcha porque requieren grandes inversiones”.

Ballart realizaba estas consideraciones después de reunirse con el directora general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Juan Van-Halen, a quien también le reclama una “mayor implicación” en la problemática de la vivienda.

Así, en la reunión, realizada en Madrid, Ballart expone la situación “de emergencia social” que vive Terrassa. El alcalde lamenta “la paradoja, repetida en muchas ciudades catalanas, que mientras hacen falta recursos para solucionar las necesidades de vivienda de muchas familias, las sociedades municipales de vivienda se encuentren con problemas de financiación” y por eso le reclama que ayude a estas sociedades.

En lo que se refiere al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que presentó el conseller de Territorio i Sostenibilitat, Santi Vila, Ballart afirma que dos de las medidas que se han anunciado como puntos fuertes ya están recogidas en la Ley del derecho a la vivienda. Se trata del derecho de tanteo y retracto, es decir, la prioridad de la Generalitat y los Ayuntamientos para comprar pisos vacíos, y la obligación de ejecución de obras para rehabilitación en estos pisos, con la posibilidad que las obras las haga la administración subsidiariamente.

"El banco solo gana"

El alcalde dice que estas medidas no solo no son nuevas sino que “no son especialmente buenas” ya que cree que el hecho que la administración compre los pisos de los bancos beneficia, sobre todo, a los propios bancos, y que lo mismo pasa con la ejecución subsidiaria de las obras de rehabilitación por parte de los Ayuntamientos o de la Generalitat.

“El banco solo gana con estas medidas y todo el esfuerzo lo tiene que hacer la administración”, se lamenta. Ballart cuestiona también la utilidad del registro de pisos vacíos que contempla el decreto, ya que alerta que si la inscripción es voluntaria “la iniciativa está abocada al fracaso”.

A pesar de las críticas, valora positivamente la consideración de colectivo prioritario para las ayudas al alquiler a los residentes en pisos objeto de una ejecución hipotecaria que sigan viviendo en alquiler social, para evitar el riesgo de un posible doble desahucio. “Esta si es una medida nueva y útil, aunque hará falta ver la dotación presupuestaria que se destina a estas ayudas”, apunta.

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