Las causas de la desafección

La presencia de imputados en las listas genera un rechazo absoluto

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

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Cerca de 100 candidatos implicados en causas judiciales concurrieron a estos comicios autonómicos y municipales. Eran más los del PP que los del PSOE, y también formaban supuestamente parte de casos más graves de corrupción -como Gürtel y Brugal-, y aun así los populares cosecharon una victoria inapelable. Sin embargo, el hecho de que los ciudadanos no castiguen en las urnas las corruptelas políticas no significa que sean indiferentes a este fenómeno. Hay un casi absoluto consenso en que los imputados no deberían formar parte de las listas electorales: el 94,1% de los españoles así lo consideran, según el barómetro del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), que inquiere sobre las más importantes reivindicaciones y puntos de vista del movimiento de indignados que durante la campaña tomó las plazas de España y ahí sigue. La imagen que se desprende del sondeo es que los ciudadanos creen que las reformas que exige esta multitudinaria protesta son justas y necesarias.

Solo el 4,1% de los encuestados piensan que una imputación judicial no tiene por qué conllevar la imposibilidad de presentarse a los comicios. Este sentimiento contrario a que los presuntos corruptos participen en las elecciones recorre todos los tramos de edad, todas las regiones -aunque son los vascos (98%) y catalanes (96,1%) quienes más se oponen- y también todas las afinidades políticas, pese a que los votantes del PP muestran más comprensión hacia los imputados. Solo el 89,2% de los simpatizantes de los populares creen que no deberían presentarse a las elecciones, frente al 92,6% de quienes votan a CiU y el 98,1% de los que apoyan al PSOE, por ejemplo.

LAS PRERROGATIVAS / Si bien de una manera menos abrumadora, los encuestados también expresan su sintonía sobre el resto de las demandas más relevantes y concretas del llamado Movimiento 15-M. El 87,9% de los ciudadanos consideran que los políticos forman una clase privilegiada, mientras que un 9,4% cree que no. De nuevo, no hay apenas diferencias entre los partidarios de las distintas formaciones políticas, aunque sí entre los que viven en una u otra autonomía: la afirmación cuenta con el respaldo del 95,6% de los gallegos, el 88,2% de los catalanes y el 82,2% de los andaluces.

Resulta llamativo lo que ocurre con la ley electoral. La norma favorece a los partidos mayoritarios y a los nacionalistas frente a los minoritarios que se presentan en todo el Estado, pero los simpatizantes de unos y otros se muestran a favor de que esta se reforme. El 73,7% de los españoles están a favor (y un 10,6% en contra) de una modificación que permita equiparar el valor de los votos independientemente de la zona geográfica de donde procedan. El porcentaje es más elevado cuando los encuestados tienen un nivel de estudios medio o alto, y también cuando son simpatizantes de partidos a los que la actual ley electoral les perjudica. Creen que debería reformarse el 93,3% de los votantes de UPyD y el 80,4% de los de IU, frente al 75% de los del PP, el 73,9% de los del PSOE y el 70,4% de los de CiU.

EL VERDADERO MANDO / ¿Tienen los mercados financieros más poder que los gobiernos? El 81,4% de los españoles creen que sí, frente al 10,5% que piensan que los políticos siguen teniendo el mando. Aquí también se observan disparidades según las afinidades políticas. Son los votantes del PP los menos proclives a esta tesis (74,2%), frente al 84,5% de los simpatizantes socialistas, el 91,3% de los de IU, el 92,6% de los convergentes o el 100% de los republicanos.