España se libra de la multa pero no de los ajustes

Hasta el último minuto la multa a España y Portugal, aunque simbólica, parecía imparable. Finalmente, ni uno ni otro tendrán que pagar un euro pese a su deliberada inacción a la hora de corregir el fuerte desvío en el déficit público en 2015. Tras un largo y duro debate, el colegio de comisarios optaba por cancelar la multa a la que parecían abocados. Una decisión que no libra, sin embargo, a España de tener que realizar un ajuste estructural de 10.000 millones en 2017 y 2018.

"Las multas, incluso simbólicas, no habrían permitido corregir el pasado y las poblaciones de España y Portugal, que han llevado a cabo sacrificios, no lo habrían entendido", justificaba Pierre Moscovici sobre los motivos del perdón. El comisario de asuntos económicos esgrimía algunos de los elementos que han tenido en cuenta para dejar la multa en cero: que ya han hecho "esfuerzos sustanciales" en los últimos años; que sufren todavía "desafíos sociales profundos", como el elevado paro; que han prometido enmendarse y adoptar medidas; y, por último, que no era el momento indicado.

"Hay dudas y hay que fijarse en cómo se perciben las reglas. Hemos adoptado la decisión más sabia desde el punto de vista político y económico", valoraba incidiendo en la falta de apetito entre los 28 hacia una multa. Una percepción extraña a tenor de la reacción del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem: "Es decepcionante que no haya un seguimiento a la conclusión de que España y Portugal no adoptaron acciones efectivas para consolidar sus presupuestos. Espero nuevas aclaraciones de la Comisión y consultaré con otros miembros de la Eurozona. Pese a los esfuerzos que han hecho, España y Portugal siguen en peligro", avisa el holandés en lo que parece ser una reacción no demasiado satisfecha con el resultado.

Según las normas, la cuantía del castigo cuando un país vulnera las reglas es por defecto del 0,2% del PIB –entorno a 2.100 millones en el caso español- pero puede ser reducida o cancelada si las alegaciones son convincentes. El vicepresidente Valdis Domvrovskis habría acudido al colegio con una propuesta de multa de entre el 0,01 y 0,04% del PIB, entre 100 y 400 millones. Su postura habría estado secundada por "un puñado de comisarios", incluidos los de Austria, Alemania, Finlandia y Suecia. Pero, de nuevo, el presidente Jean-Claude Juncker habría sido "decisivo" para cancelar el castigo, según admitía el portugués Carlos Moedas. Ahora, si en un plazo de 10 días el Ecofin no se pronuncia en contra, la recomendación de la Comisión quedará automáticamente aprobada.

DOS AÑOS MÁS PARA EL DÉFICIT

La decisión llega acompañada de un nuevo chute de oxígeno con la concesión de dos años extra para rebajar el déficit público por debajo del umbral del 3% que fija como tope el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España cerró 2015 con un desvío del 5,1% y la senda original le obligaba a corregir la situación para finales de este año. Algo imposible vistas las útimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que augura un déficit del 4,1% en el mejor de los casos este año y del 4,7% en el peor de los pronósticos.

De ahí, que Bruselas haya optado por dar margen con una nueva senda fiscal que fija un objetivo para 2016 del 4,6%, del 3,1% en 2017 y del 2,2% en 2018, con un ajuste estructural de medio punto en 2017/2018 lo que significa 10.000 millones de euros repartidos en dos ejercicios. “Si hubiéramos concedido solo un año y no lo cumplen hubiéramos entrado en una nueva escalada. Hemos preferido optar por un enfoque más prudente. 24 meses es la trayectoria más realista”, justifica Moscovici. Si España incumple otra vez la nueva senda fiscal, la multa podría dispararse hasta el 0,5% del PIB.

SUSPENSIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES

Lo único pendiente para septiembre, tal y como estaba previsto, es la suspensión de los fondos estructurales. La decisión es automática una vez que el Ecofin constata que un país no adoptó medidas –lo hizo el 12 de julio- pero la Eurocámara quiere evaluar la situación y lo hará tras las vacaciones. Sobre la mesa, la congelación de una partida de fondos que ronda los 1.300 millones y que solo podrá paralizarse una vez que España presente –antes del 15 de octubre- un borrador de presupuesto para 2017 austero y con los ajustes exigidos.

Aunque no es el final de la historia, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha mostrado “satisfecho” por el hecho de que no habrá castigo económico. Lo mismo que Luis de Guindos que ha valorado positivamente la nueva senda para el déficit. “Es adecuada y se ajusta a las necesidades de España”, proclamaba. El ministro en funciones confía ahora en que la congelación de los fondos estructurales se quede también en una simple amenaza.