El cierre de Canal 9 se debatirá en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados defenderá el próximo martes una iniciativa presentada de forma conjunta por PSOE, CiU, la Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, ERC, BNG y Nueva Canarias en la que piden al Gobierno que revoque el cierre de la Radiotelevisión pública valenciana (RTVV). Es una proposición no de ley, que registraron el pasado 19 de noviembre, en la que instan al Ejecutivo a que, en el ámbito de sus competencias, y en colaboración con la Generalitat Valenciana, se promuevan todos los mecanismos necesarios que garanticen que RTVV "sea viable económicamente y un eje dinamizador del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, tomando todas aquellas medidas necesarias que garanticen el mantenimiento de la pública autonómica, en valenciano y de calidad".

Según denuncian en la iniciativa, la liquidación de esta empresa pública supondrá el despido de 1.600 trabajadores y la destrucción de otros 3.000 empleos en el sector audiovisual valenciano. "Vulnera el derecho a la libertad de información y expresión de cinco millones de valencianos, tal y como marca el Estatuto de Autonomía y la Constitución española", defienden estos grupos parlamentarios, que además sostienen que la desaparición de esta cadena dejará el espectro radioeléctrico valenciano sin una emisora autonómica que garantice el servicio público, fomente la información de proximidad y el uso del valenciano, lengua propia de la comunidad, tal y como recoge considerado en el Estatuto de Autonomía.

"GOLPE MORTAL PARA EL PERIODISMO"

"GOLPE MORTAL PARA EL PERIODISMO"Esta iniciativa parlamentaria alerta sobre el "golpe mortal" que va a suponer el cierre de la cadena valenciana para el sector periodístico, máxime cuando los índices de desempleo en la profesión superan el 45% en la Comunidad Valenciana. Es más, apostilla que sólo RTVV daba trabajo a unos 450 periodistas. "La desaparición de esta radio y televisión públicas puede suponer el principio del fin de otros entes autonómicos que están considerados en sus estatutos como un servicio público para sus ciudadanos. El sector audiovisual debe ser considerado como estratégico por la alta cualificación de los puestos de trabajo, como por lo que supone de beneficio e impulso cultural para la sociedad", sentencia.

El PSOE decidió presentar a comienzos de noviembre un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el cierre de esta cadena pública por considerarla una medida "ideológica" y "dictatorial", entre otros calificativos.