legislación
El CAC aprueba la limitación de publicidad en la radio pública
La instrucción, que critican las emisoras privadas, entrará en vigor el 1 de enero
Ramon Font, presidente del CAC.
Por qué confiar en El Periódico el pasado viernes, la asociación catalana de radios privadas (ACR) criticó en el Parlament la doble financiación de las emisoras públicas, y solicitó que se suprimiesen los ingresos por espots de estas empresas, así como que se paralizase la instrucción del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) para regularla. Fue en vano: el miércoles anterior el CAC ya había aprobado esta normativa que, en principio, entrará en vigor el 1 de enero del 2011.
Según el proyecto de la instrucción del CAC, las radios públicas catalanas (Catalunya Ràdio, COM y las locales) deberán limitar la publicidad a un máximo de seis minutos por hora. También fija que las radios públicas de municipios de menos de 20.000 habitantes podrán emitir hasta un máximo de 10 minutos de espots comerciales por hora, pero el tiempo diario dedicado a la publicidad en estas locales no podrá superar los 90 minutos por día natural.
La ACR ha criticado este proyecto al considerar que da unos márgenes publicitarios a las públicas que «hacen inviable el actual sistema radiofónico catalán». Por su parte, el CAC especifica en la instrucción que «el legislador catalán ha optado para las empresas de comunicación públicas por el doble sistema de financiación», con la presencia de fondos públicos e ingresos procedentes de la publicidad. Ante esta realidad legislativa, el CAC se limita a señalar los tiempos máximos de publicidad y el tipo de contenidos que se adecúan a la misión de servicio público. No obstante, y según una disposición adicional, la instrucción se revisará a los dos años de haber entrado en vigor, «dada su naturaleza, el impacto y la dimensión del sector audiovisual al que se dirige»,
Tras la aprobación por parte del CAC –órgano que preside Ramon Font–, la instrucción está pendiente del dictamen de la comisión jurídica asesora de la Generalitat y del Institut Català de les Dones. El margen de seis meses hasta la entrada en vigor de la instrucción se aplica para que las empresas públicas puedan finalizar los contratos publicitarios ya comprometidos.
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