Una pesada sospecha de corrupción se ha instalado en el Ayuntamiento de Calafell, donde desde hace cuatro años se suceden los escándalos. En el 2007 se produjo un cambio de gobierno y la alcaldía pasó de CiU al PSC, aunque tanto convergentes como socialistas usaron para regir el consistorio al mismo socio: la Agrupació Democràtica Municipal de Calafell (ADMC), cuyo hombre fuerte, Manuel Romero, aparece en todos los asuntos polémicos.
El último episodio ha sido la denuncia presentada en la Fiscalía de Tarragona por Maria Àngels Andreu, técnica de Juventud que se halla de baja desde hace nueve meses. La empleada aseguró ser objeto de seguimiento por la Policía Local y haber sufrido acoso laboral, coacciones y amenazas después de descubrir diversas irregularidades en su departamento, controlado por ADMC. Entre las anomalías citó la emisión de facturas falsas y contrataciones fraudulentas, lo que hizo saber a sus superiores, entre ellos al propio Romero. El Síndic de Greuges ya ha pedido información.
Amenazas y espionaje
En agosto pasado, un policía local, Miguel Ángel Hernández, denunció por amenazas y coacciones a Romero, quien llegó a crear presuntamente un grupo de contravigilancia que en el 2001 espió a varios concejales, según un excolaborador suyo que en el 2004 le llevó ante un juez por encargarle supuestamente la contratación de un sicario. El caso fue archivado por falta de pruebas.
"La ADMC es el lastre que debemos asumir porque sin ellos nos hubiera sido imposible gobernar", admite un veterano militante socialista que cree que aún hay más asuntos turbios por descubrirse. El alcalde, Jordi Sánchez (PSC), asegura que no se han cometido irregularidades desde que él accedió a la alcaldía en el 2007, y que "los hechos a los que se refiere Andreu, persona ligada a la ADMC, se cometieron bajo el mandato del anterior equipo de gobierno de CiU y ADMC". Sánchez se ha comprometido "a adoptar las medidas necesarias" si se comprueba alguna imputación.
Manuel Romero dice no saber nada de lo denunciado por Andreu, lo que no ha impedido que sus exaliados convergentes y el PP (los dos grupos de la oposición) hayan exigido que se llegue al fondo del asunto. Joan Olivella, exalcalde y actual concejal de CiU, niega responsabilidad en lo acontecido bajo su mandato, "porque todo lo relatado por Andreu pasó en áreas dirigidas por ADMC", aunque recuerda que, desde que Sánchez es alcalde, "ya se han producido dos denuncias por acoso".