EL MUNICIPIO FUE PIONERO
Terrassa gana la primera sentencia contra un banco por las multas por los pisos vacíos
Un juez desestima el recurso de Bankia en una resolución pionera
Manifestación de miembros de la PAH en la plaza de Sant Jaume el pasado 5 de noviembre.
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha emitido una sentencia favorable al Ayuntamiento de Terrassa en la que desestima el recurso presentado por Bankia S.A. contra el expediente sancionador por viviendas vacías.
El Ayuntamiento de Terrassa acordó, el 25 de junio dl2014, un expediente sancionador para forzar a la entidad bancaria a que ocupara una de las viviendas vacías de su propiedad que tenía en la ciudad, un caso que ha dado pie a la primera sentencia que se dicta en España por esta cuestión.
El consistorio ha celebrado esta sentencia que avala la imposición de multas coercitivas a entidades bancarias con viviendas vacías durante más de dos años, después de que Terrassa fuera pionera en este ámbito, y espera que esta resolución sea un "empuje" para otras ciudades.
"Es una victoria legal de gran trascendencia, porque por primera vez se nos da la razón en un ámbito que no tiene precedentes y en el que algunas partes interesadas han cuestionado nuestra actuación", asegura en el comunicado el alcalde Jordi Ballart.
"Significa un paso adelante muy importante para nosotros y también un mensaje de esperanza para todas las personas que llevan años reclamando una vivienda digna, esperemos que sea un impulso para los ayuntamientos que también han decidido emprender estas acciones legales", explica Ballart.
La sentencia expone que los expedientes están "sólidamente" fundamentados y "reafirma" todo el procedimiento institucional para demostrar que la vivienda estaba vacía y reclamar que la entidad la ocupara, amparándose en la aplicación de la Ley de la Vivienda de Cataluña.
El Ayuntamiento de Terrassa fue el primero en España en abrir expedientes a bancos con viviendas vacías e imponer multas coercitivas, la primera en 2013, para forzar a las entidades a ocupar las viviendas o cederlas como vivienda social, en la actualidad, hay abiertos 802 expedientes y 56 recursos contenciosos en curso.
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