El Ministerio de Sanidad ha detectado que de los 800.000 españoles con tarjeta sanitaria como beneficiarios de otra persona, unos 200.000 estaban adscritos a la de jubilados cuando eran trabajadores en activo y, por tanto, debían pagar pagar el 40% de las medicinas en lugar de disponer de ellas gratis. El fraude ha sido revelado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, durante el desayuno informativo organizado en Madrid este lunes por Europa Press y que ha contado con la presencia de la plana mayor del Ejecutivo.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, durante su intervención en el foro de Europa Press JUAN MANUEL PRATS / Madrid

Mato ha puesto este descubrimiento como ejemplo del efectivo cruce de datos que ha llevado a cabo su departamento con los de Hacienda y Trabajo para poner a punto el copago farmacéutico el próximo 1 de julio. "No habrá prórroga. La gran mayoría de las comunidades están de acuerdo en ponerlo en marcha ese día. No me planteo que haya alguna que quiera incumplir la ley", ha asegurado en relación con el anuncio del Gobierno de Euskadi de que pretende esquivar la medida.

Más ahorro del previsto

Sanidad, según su titular, espera obtener 500 millones más de ahorro de los 7.000 previstos inicialmente en el decreto. Esta desviación presupuestaria positiva obedece a que las comunidades autónomas están poniendo en marcha medidas muy efectivas "que harán que el ahorro sea mayor".
Mato ha reconocido por primera vez en público que su departamento prepara una desfinanciación de medicamentos "obsoletos y con escaso valor terapéutico", y ha argumentado que esta "limpieza del vademécum", cuyo alcance no ha precisado, es algo habitual en la UE. También ha asegurado que muchos de los fármacos que seran excluidos de la financiación pueden ser sustituidos por otros naturales o mejores y que en cualquier caso tienen un coste muy bajo.

La ministra ha confiado asimismo en que el Gobierno central y la Generalitat lleguen a un acuerdo sobre los posibles recursos de inconstitucionalidad, por invasión de competencias, anunciados por el Ministerio de Hacienda por el cobro de un euro por receta en Catalunya y por la Generalitat ante el decreto ley que impone el copago estatal. "Este Gobierno se caracteriza por estar siempre abierto al diálogo. Lo importante es llegar a un acuerdo", ha apostillado.