DECLARACIONES A CATALUNYA RÀDIO
La Generalitat pretende pagar la traducción al catalán de pleitos en Madrid
Fernández Bozal asegura que ya ha hablado del tema con el ministro de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón
LaGeneralitat está dispuesta a asumir el coste de latraducción al catalán de lospleitos en Madrid, según ha dicho laconsellera de Justícia,Pilar Fernández Bozal, que cree que el Govern tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de sus ciudadanos.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha asegurado que ya ha hablado de este tema con el ministro de Justícia,Alberto Ruiz-Gallardón, "porque la Generalitat tiene la responsabilidad de garantizar a sus ciudadanos el derecho de opción cuando tienen que acceder a los tribunales".
Respecto a las tasas que pretende aplicar el Ejecutivo de Artur Mas a los usuarios de determinados servicios de Justícia, Bozal ha manifestado su intención de mantenerlas, al margen de las que pueda implantar el Estado.
"Nuestras tasas son autonómicas porque son por el apoyo que la Generalitat da a la justicia en materia de medios personales y materiales, es decir, que en este ámbito el ministerio no puede poner tasas", ha dicho la consejera.
Recaudación de hasta 20 millones
Fernández Bozal anunció el pasado jueves que prevé recaudar entre 15 y 20 millones de euros al año con la imposición de tasas que gravarán con hasta 120 euros a los usuarios por la prestación de determinados servicios de la justicia.
Al día siguiente, el ministro del ramo dijo que estaba buscando apoyos para reformar la justicia y crear una nueva tasa para los recursos a partir de la segunda instancia y la introducción de una prisión permanente revisable.
La dirigente ha aclarado que las tasas de la Generalitat no afectarán a los usuarios de la jurisdicciones penal y social, y se centrarán en las contencioso-administrativo y civil, con el pago por los servicios de entre 60 y 120 euros. Las tasas gravarán la prestación de servicios personales y materiales, así como la utilización o aprovechamiento de bienes y derechos afectos de la administración de justicia, ha añadido.
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