Wert reta al Govern con la imposición del castellano como lengua vehicular

El anteproyecto de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, no solo mantiene su ataque a la inmersión lingüistica catalana sino que ha encontrado un mecanismo para hacerlo más eficaz. El Ministerio de Educación pagará la educación en centros privados de los niños cuyos padres que soliciten recibir la enseñanza utilizando el castellano como lengua vehícular pero luego "detraerá" el importe de las transferencias en materia educativa que recibe la Generalitat. 

Si el Ejecutivo catalán no quiere correr con este coste lo tiene, muy fácil, según ha dicho el ministro José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "que habilite una oferta pública que de satisfacción a esa demanda". "Estamos hablando de un mecanismo escepcional y transitorio hasta tanto la administración sea capaz de ofrecer un sistema propio", ha remachado.

Esta "solución", parecida en la primera parte a la propuesta por el PPC y que adelantó EL PERIÓDICO el pasado viernes, es fruto del siguiente planteamiento: ya que no podemos obligar a la Generalitat -entiende el ministerio- a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y a que pague directamente la enseñanza en castellano, se lo descontamos o cobramos de la financión estatal. "Nos obligan dos sentencias del Tribunal Constitucional. Hay que garantizar que a los padres que quieran como lengua vehícular también el castellano, puedan hacer efectiuvo ese derecho", ha argumentado el ministro.

Cinco mil euros por alumno

El departamento que dirige Wert incluso ha calculado el coste de esta imposición". Su equipo cifra en unos 5 millones de euros el coste si un millar de alumnos catalanes (5.000 euros por estudiante) se decantaran por pedir la educación en castellano en un colegio privado. "Si solo son 17 alumos, como argumenta la Generalitat, el coste será insignificante", según fuentes del ministerio. "La cifra de mil es sólo una cálculo, una hipótesis", ha precisado Wert. 

A grandes rasgos, para acceder a una de estas plazas de estudios en castellano, que según Educación ya ofertan colegios bilingües y trilingües en Catalunya, los aspirantes deberán solicitarlo a la Conselleria de Ensenyament y si no reciben respuesta a su demanda, ante la Alta Inspección del Ministerio de Educación. Esta instancia, una vez compruebe la negativa tras el preceptivo informe de la conselleria, dará el visto bueno para financiar los estidos en un un colegio privado. Interpelado sobre la posibilidad de que el sistema se convierta en un coladero para ir gratis a colegios priovados, Wert ha responsiso tras la rueda de prensa con el mismo argumento: "La administración tiene una manera de evitarlo y es proveyendo plazas públicas que respondan a estas necesidades". 

Ahorro para el ministerio

El anteproyecto que ha recibido la luz verde hoy en Consejo de Ministros y que mañana será publicado en el BOE para iniciar su tramitación parlamentaria, no ha variado su memoria económica, duramente criticada por insuficiente por el reciente dictamen del Consejo de Estado y las comunidades autónomas, incluidas las del PP.

Sin embargo, cuenta con obtener una posible financiación de unos 212 millones de euros del Fondo Social Europeo, para afrontar los costes directos (unos 408 millones) asumidos por la Administración central. Pero en ningun caso rebajará los costes indirectos derivados del refuerzo de la FP y de la implantación de itinerarios en cuarto de la ESO, que deberán asumir las comunidades autónomas y que el Ministerio de Educación ha cifrado entre 334 y 927 millones de euros, según los módulos de FP que se cursen.

Alternativas a la religión optativas

Otras observaciones menores recogidas en el nuevo texto establecen que las alternativas a la asignatura de Religión (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) puedan ser ofertadas como optativas para que los alumnos que eligen Religión no se vean discriminados, como observó el dictámen del Consejo de Estado.

Por otra parte se mantienen la derogación de Educación de la Ciudadanía, cuyos contenidos irán al resto de otras materias como Lengua e Historia, se blinda la posibilidad de que los colegios con separación por sexos reciban financiación pública, y se adelantan los itinerarios en 4º de ESO con dos vías, una encaminada para el Bachillerato y otra para la FP.