Wert reduce las clases de tecnología a la mínima expresión en secundaria

No es extraño que en estas, a media clase, el profesor interrumpa la lección y anime a los alumnos a sacar de la mochila sus teléfonos móviles para que comprueben si el algoritmo que el compañero acaba de resolver en la pizarra es correcto. Y que entonces, ellos, los chavales, coloquen sus smartphones sobre el pupitre, activen la aplicación calculadora y repitan el proceso, paso a paso, pero esta vez con la ayuda de la máquina. «Es absurdo que neguemos que las tabletas y los teléfonos inteligentes existen, es ilógico que la escuela siga yendo 10 años por detrás de la sociedad», argumenta Evaristo González, director del instituto Torre del Palau de Terrassa, donde se produce la escena antes descrita.

Y aún se entiende menos que la nueva ley de mejora de la calidad educativa, la LOMCE que el Ministerio de Educación está acabando de redactar para su inminente presentación al Congreso de los Diputados, «haya infravalorado la importancia de la tecnología en la formación de los jóvenes y disminuya de forma alarmante la presencia de esta materia en secundaria», denuncia Carolina Crespo, portavoz en Catalunya de la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología. El colectivo, que cree que la nueva ley cercena la educación tecnológica, insiste en que la propuesta del Gobierno desoye informes de la Unesco, de distintas universidades y de empresas privadas que abogan por potenciar esta materia, incluso, en la enseñanza primaria.

¿Tan grave es el recorte? «Sí. En segundo de bachillerato, los estudiantes de la modalidad de Ciencias e Ingeniería no cursarán ninguna asignatura tecnológica», detalla Crespo. Eso, después de que en primero solo esté prevista una asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como optativa. Los docentes lamentan que el Gobierno vaya a sacrificar unos estudios «que orientan a los alumnos hacia las ingenierías, un sector que tiene una buena salida profesional», indica Tània de los Santos, subdirectora de Alumnado de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universitat Politècnica de Catalunya.

INCOHERENCIA / En la ESO, el nuevo plan de estudios del ministro José Ignacio Wert solo contempla que se estudie tecnología como obligatoria en primero. En segundo, desaparece y, en tercero, los alumnos podrán escoger entre el nuevo Diseño y Tecnología -«cuyo contenido desconocemos por completo», comenta la portavoz de la plataforma- y Utilización de las TIC. «Lo peor es el cuarto curso, cuando, en teoría, los estudiantes empezarán a orientarse hacia el bachillerato o la formación profesional. Si eligen las asignaturas que les lleven al bachillerato, se quedan sin estudiar TIC», lamenta Crespo.

«Con esta decisión se corre el peligro de convertir a los alumnos en analfabetos tecnológicos. Es necesario que el Gobierno sea coherente con los tiempos actuales», advierte Xavier Villasevil, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona. «La tecnología que se estudia en los institutos aporta cultura general sobre mecánica, electricidad o electrónica. Es importante que los alumnos la estudien, tanto si quieren ser ingenieros como si no», insiste Tània de los Santos.

Además, agrega Frederic Luque, presidente de la Societat Catalana de Tecnologia, «en el caso de Catalunya, con una tradición industrial europea y líder en tecnologías punteras, no se puede privar a los alumnos de la posibilidad de tener los conocimientos tecnológicos necesarios que les orienten hacia ingenierías y arquitectura».

CITA CON LOS CONSEJEROS DEL PP / La posibilidad, anunciada esta semana por Educación, de que los institutos se especialicen en algunas disciplinas no convence a los defensores de la educación tecnológica porque consideran que deja la asignatura en manos de cada director. Wert se reunió ayer (y está previsto que vuelva a hacerlo hoy) con los consejeros del ramo del PP para pactar el texto definitivo de la LOMCE cara al encuentro con las autonomías del próximo martes. La reforma de Wert encuentra una fuerte oposición en Catalunya, el País Vasco y Andalucía, que la juzgan recentralizadora.