El ministro de Educación, José Ignacio Wert, confirmó ayer que aprovechará la próxima ley orgánica de mejora de la calidad educativa

Imagen del colegio La Vall de Bellaterra, en el que estudian solo niñas. ARCHIVO / JOSEP GARCIA

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Información publicada en la página 24 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 24 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

(LOMCE) para «clarificar» que «el modelo de educación que separa a los niños de las niñas no plantea discriminación, siempre y cuando se garantice su compatibilidad con los valores constitucionales». Así, las sentencias por las que el Tribunal Supremo ha negado el derecho a la financiación pública a dos centros de Andalucía y Cantabria que segregan a sus alumnos por razón de sexo van a acabar sirviendo de excusa a Wert para tratar de blindar lo que él denomina la «educación diferenciada» al entender, según dijo ayer, que lo que debe primar es el derecho de los padres a poder elegir cómo quieren educar a sus hijos.

Lo cierto es que la actual LOE, aprobada a instancias del PSOE en el 2006, ha generado hasta ahora más de una duda por la ambigüedad que plantea en su redacción respecto a si la separación de alumnos por sexos es o no es un hecho discriminatorio. Para Wert, bastará con «incluir una referencia a la educación diferenciada», sin que sea necesario modificar el artículo 84.3 de la LOE, según el cual las escuelas no podrán discriminar en la admisión de alumnos por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o

social.

El ministro lo tiene además muy fácil: esa referencia puede incluirse en la ya citada LOMCE, que se encuentra en una fase de tramitación muy avanzada, «para ser entregada para su discusión en las Cortes a finales de octubre o principios de noviembre», según dijo el propio Wert en una entrevista concedida ayer a la cadena SER.

«Se trata de disipar dudas», insistió el titular de Educación, que defendió que estos centros sigan recibiendo fondos públicos. «Si en ellos no se discrimina, porque niños y niñas reciben una educación igualitaria, no tiene sentido que no puedan acceder a la financiación pública», argumentó. En todo caso, agregó, si alguien ha de acatar las sentencias del Supremo y retirar los conciertos «son las comunidades autónomas».

ANDALUCÍA Y ASTURIAS / De momento, los únicos que han anunciado su intención de hacerlo son los gobiernos socialistas de Andalucía y de Asturias, que, no obstante, tendrán que esperar hasta el curso 2013-14 para hacer efectiva la retirada. Atienden, de este modo, la petición de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), que agrupa a 11.000 ampas y que ayer pidió que se que se aplique la doctrina del Supremo. En Catalunya son una quincena de colegios, con 10.500 alumnos matriculados, pero la Generalitat dice que no puede revisar el concierto hasta el 2014.