Wert llevará a la Alta Inspección las comunidades que no evalúen

El Ministerio de Educación instará a la Alta Inspección del Estado para que actúe contra las comunidades autónomas que incumplan de forma total o «parcial» su obligación de llevar a cabo la evaluación de los niños de tercer curso de primaria establecida por la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Así lo confirmó este miércoles un portavoz ministerial según el cual la Alta Inspección requerirá a las administraciones que subsanen el incumplimiento. Si a pesar de todo se niegan a llevar a cabo las pruebas, se abriría la puerta a recurrir posteriormente a los tribunales por la vía contencioso administrativa.

Catalunya no sería, en principio, una de las comunidades afectadas. Han sido Andalucía, Asturias y parcialmente Canarias las que han anunciado que no llevarán a cabo las polémicas evaluaciones. Pese a que la Generalitat recurrió la LOMCE ante el Tribunal Constitucional esta vez no se encuentra entre las autonomías insumisas. La Conselleria d'Ensenyament argumenta que es la misma prueba que ya llevaban a cabo las escuelas catalanas desde el año 2000 y que, por tanto, no se trata de una imposición de la LOMCE.

LAS MEDIDAS OPORTUNAS 

El problema para la Generalitat puede derivarse de las escuelas y alumnos que secunden el boicot propuesto por las principales asociaciones de padres, sindicatos de estudiantes y de maestros y de la Xarxa d'Escoles Insubmises (XEI). Según el citado portavoz ministerial, deberá ser la conselleria la que actúe contra la escuelas. «Es responsabilidad de la Administración educativa velar por el cumplimiento de las normas en sus territorios y adoptar las medidas que considere más oportunas para garantizar su efectivo cumplimiento», indicó.

En caso de que el boicot se lleve a cabo de forma individual «corresponde al centro, como en cualquier otra actividad educativa programada, establecer las medidas para que el alumno pueda realizar la prueba en otro momento», señala el ministerio, el cual equipara la situación a la de los alumnos que no acuden por estar enfermos o por causa de fuerza mayor. La escuela también deberá «requerir a los padres la justificación suficiente para omitir un deber que tienen en relación con la educación de sus hijos y con la asistencia diaria a clase».

CONTRA LAS AMENAZAS 

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres Catalana (Fapac) reafirmó este miércoles su «resistencia a la aplicación de la evaluación» y anunció el «pleno apoyo a las familias que reciban cualquier tipo de amenaza». «No puede permitirse que pares y madres sean tratados como delincuentes por ejercer su derecho a manifestar su opinión», añadieron.

Las pruebas afectan en Catalunya a 80.000 niños de tercer curso de primaria (de edades comprendidas entre 8 y 9 años) convocados a examinarse desde el pasado lunes hasta el próximo día 15. La evaluación consta de comprensión oral y escrita en castellano y catalán, resolución de problemas y cálculo.