el Ministerio de Educación decidió ayer dar un mes más de plazo en la tramitación de la polémica ley de mejora de la calidad educativa (LOCME), un periodo suficiente para esquivar nuevas confrontaciones con la Generalitat a las puertas de las elecciones en Catalunya. No obstante, el ministro José Ignacio Wert justificó el parón con el objetivo de «refinar las propuestas de las comunidades autónomas y mejorar aspectos técnicos». La consellera de Ensenyament, Irene Rigau, admitió que en la decisión ha podido influir la convocatoria electoral, pero a su juicio ha sido decisiva la oposición «rotunda y frontal» de Catalunya, Euskadi y Andalucía a la reforma por la «invasión de competencias» y el fin «recentralizador» que persigue, así como las «apreciaciones y discrepancias» que han planteado las comunidades autónomas gobernadas por el PP y

Rigau y Wert se saludan en la reunión del ministro con los consejeros de Educación, ayer, en Madrid. DAVID CASTRO

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Información publicada en la página 34 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 30 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Navarra.

Rigau consideró al término de la Conferencia Sectorial de Educación que, a pesar del nuevo plazo, «será muy difícil» acercar posturas y llegar a acuerdos porque Catalunya aspira a obtener más competencias y autogobierno en materia educativa «y no menos, como quiere el ministerio». «Veremos en este mes cuáles son las maniobras y las gestiones que se pueden hacer», advirtió un tanto escéptica.

GRAN INVASIÓN COMPETENCIAL / La consellera catalana y la del País Vasco, Isabel Celáa, hicieron una especie de frente común en sus exposiciones y explicaron que la «gran invasión competencial» se produce, por un lado, con el incremento del 10% de los contenidos que fija el Estado en detrimento de los que establecen las comunidades autónomas, algo que, según Celáa, «es una provocación». Rigau recordó que los porcentajes, fijados por la LODE en 1985, no se habían cuestionado hasta ahora. La invasión de competencias, reiteraron las consejeras, también se proyecta en las futuras reválidas, pruebas externas, estatales y estandarizadas en todas las comunidades que habrá al final de la ESO y del bachillerato sin las cuales no se podrá pasar de curso. «Las evaluaciones son una competencia de la Generalitat. Es inadmisible que en la nota final que obtenga un alumno de Catalunya el 70% corresponda a la prueba dictada desde Madrid», remachó Rigau.

A pesar de su tono conciliador, Wert eludió señalar qué aspectos sobre competencias del borrador podrían ser retocados. El ministro minimizó el retraso de un mes asegurando que no alterará los planes del Gobierno de tener la nueva ley lista para antes del verano, dado que en enero no hay actividad parlamentaria. También explicó que él y Rigau se saludaron «como personas bien educadas» e intercambiaron opiniones «con franqueza», en su primer encuentro tras la polémica por la afirmación del ministro de que el interés del Gobierno es «españolizar a los alumnos catalanes».

«MEJORABLE» PARA EL PP / Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP mostraron su apoyo al proyecto pero consideraron que es «mejorable». En una declaración conjunta e inédita, confiaron en que el nuevo calendario de trabajo sirva para «buscar el mayor consenso posible». «Hemos encontrado más puntos de acuerdo que de desunión. El propio ministro ha dicho que no va a haber líneas rojas y que está dispuesto a escuchar a todas las comunidades», aseguró el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín.