Wert apunta ahora a la universidad

Con la controvertida ley de mejora de la calidad educativa, la LOMCE, ya aprobada y en marcha (oficialmente entró en vigor el lunes pasado), el propósito de Año Nuevo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, para este 2014 es la reforma de la ley orgánica de universidades (LOU), que desde el 2001 rige el funcionamiento de la educación superior en España y que ya fue revisada en el 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La intención de Wert es que el nuevo texto esté listo a finales de este año.

A diferencia de lo que ha ocurrido con la LOMCE, muy contestada en la calle y en las Cortes, Wert sí tiene respaldo para acometer la reforma universitaria. Y es un apoyo bastante unánime. Comunidades autónomas y rectores, que llevan ya unos meses manteniendo reuniones con el ministerio para darle a conocer sus puntos de vista, coinciden en que es necesario renovar una institución que parece anclada en el pasado y que necesita, con urgencia,  un nuevo sistema de financiación.

«Es una reforma imprescindible. Y ha de ser, además, profunda y de carácter estructural», afirma Gemma Garcia Brosa, profesora de Economía Pública en la Universitat de Barcelona y coordinadora del grupo EuropeG, que ha dedicado su último informe a analizar cómo hacer más competitiva la universidad.

Menos acuerdo hay respecto a cómo se debe modificar la ley. Algunas de las propuestas que se han conocido hasta ahora, como la que elaboró el comité de expertos designado por el ministro para preparar un documento base para la negociación, «son poco creativas, basadas en tópicos y con un espíritu recentralizador notable», critica Ferran Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y presidente de la Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).

DE HONDO CALADO / El ministro ha anunciado ya que prepara una revisión de hondo calado, que afectará a la organización de las universidades públicas, al sistema de elección de rectores y decanos, a la contratación de profesores y, sobre todo, a la financiación. Hay quien le pide que aproveche la ocasión para reformar (de nuevo) la oferta de estudios, crear un nuevo modelo de selección de los alumnos e implantar un sistema de becas potente y estable.

Los responsables de las universidades, representados en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), tienen la mano tendida al ministro para hablar, cuando quiera, de una nueva financiación. «Pero sea como sea, tanto si el sistema se asienta en una mayoría de aportaciones públicas como si no, esta financiación ha de ser estable y fruto de un pacto social previo», defiende Garcia Brosa. «Lo que no puede seguir ocurriendo, como ha pasado estos últimos años en Catalunya, es que los rectores tengan que aprobar sus presupuestos anuales sin conocer cuánto dinero les dará la Generalitat ese ejercicio», lamenta la economista.

Consciente de que el margen de maniobra del Estado es pequeño, porque la financiación universitaria es una competencia trasferida a las autonomías, el rector de la UAB considera que, en todo caso, lo que sí puede fijar la reforma de Wert es un «modelo de financiación ligado a los resultados y que sea administrado por una agencia independiente de los gobiernos». «Los resultados los evaluaría también un organismo independiente, a partir de objetivos que tendrían que lograrse en periodos relativamente largos, de cinco años, por ejemplo», añade Sancho.

REGLAS DEL JUEGO CLARAS / De este modo, «se daría estabilidad al sistema, las reglas del juego serían claras y transparentes, se evitaría el intervencionismo regulatorio de los gobiernos y se minimizaría el riesgo de recortes presupuestarios inesperados», prosigue. Como ya ocurre en otros países (la mayoría de los países occidentales), lo que piden los rectores es que no se supedite la universidad a «los vaivenes de la política y las ideologías», como dijo recientemente la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, cuando aún era presidenta de la CRUE.

Los dirigentes universitarios, que están dispuestos a aceptar «una racionalización de las estructuras de gobierno y una adecuación de las titulaciones universitarias a las demandas de la sociedad», rechazan de pleno el «modelo ejecutivo e intervencionista» que supondría la creación de patronatos universitarios, como propuso el comité de expertos de Wert y suscribe la Generalitat. «Interferiría gravemente la autonomía universitaria, cuando precisamente las universidades españolas necesitamos más autonomía y menos intervención gubernamental», dice Sancho.