Un vecino incómodo

«Tengo 35 años, vivo en El Morell, siempre me he preguntado qué respiro y hasta ahora no lo he sabido». Lo explica Josep Maria Torres, uno de los portavoces de la plataforma Cel Net, entidad que ha buscado la complicidad de los municipios del entorno del polígono petroquímico norte para poder responder a esa pregunta. La petroquímica, entre muchos otros procesos, genera el 25% de la producción de plásticos de España, lleva casi medio siglo en el Camp de Tarragona y está tan integrada en el territorio que incluso forma parte de su catálogo del paisaje junto con los campos de algarrobos y avellanos y las playas de la Costa Daurada.

Su imagen de altas chimeneas que escupen llamaradas visibles a muchos kilómetros a la redonda, la seguridad en sus accesos y lo abstracto de su actividad -compuestos químicos de nombres interminables para crear otros en la cadena de producción de los plásticos- sigue generando, décadas después, recelos entre sus vecinos.

«La sociedad empuja a la Administración y ella presiona a la industria. Nos toca a los pequeños hacer el trabajo grande», sentencia Torres. Las estadísticas acumuladas con los años avalan esa opinión. La Red de Vigilancia Medioambiental de la Generalitat incorporó medidores en los puntos de emisión de la industria petroquímica tras varios episodios seguidos de malos olores -un indicador de contaminación- y un intenso rechazo social que también motivó la creación del Observatori de la Salut i el Medi Ambient, en funcionamiento desde el 2006 y poco conocido, aún, entre la población.

Motor económico

Tanto los datos de la red de vigilancia como del observatorio se publican en internet, pero eso no les libra de «la sospecha», certifican fuentes de la Generalitat, hartas de explicar una y otra vez que «los datos oficiales son igual o más independientes que otros estudios porque son de organismos públicos».

La química es uno de los principales motores económicos de los cuatro municipios que han financiado el estudio de la UPC y tres de ellos están decididos a continuarlo en una segunda fase. «Nos preocupa la calidad del aire que respiramos y esa inquietud la extendemos a los más de 1.500 trabajadores del polígono», afirma el alcalde de El Morell, Pere Guinovart (CiU).

El alcalde de Perafort, Joan Martí Pla, también de CiU, incide en que «analizar la calidad del aire responde a una voluntad política. Nuestro municipio participa en todos los estudios porque hay que tener datos objetivos y luego dar respuesta». También el regidor de Constantí, Josep Maria Franquès (CiU), considera «positivo decidir con un punto de partida sólido y científico en la mano». Solo el alcalde de Vilallonga del Camp, el también convergente Xavier Armengol, ha decidido no participar en la siguiente fase por  «una cuestión presupuestaria y porque los resultados arrojan que tenemos una contaminación imperceptible, mucho mejor de lo que esperábamos».

Los alcaldes han iniciado contactos políticos para impulsar «un cambio normativo que amplíe los contaminantes que analiza la red de vigilancia y que se endurezcan los límites legales», precisa Guinovart.

Un portavoz de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) señala que «la legislación catalana es una de las más restrictivas» y señala que «si bajan las emisiones es porque cada vez se mejoran más los procedimientos y las tecnologías». Cel Net y los alcaldes del entorno petroquímico norte tienen claro que empujarán para que se avance más.