Varapalo de un juez de Cádiz a Interior por las condiciones "carcelarias" de los CIE

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JULIA CAMACHO / SEVILLA

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El juzgado responsable de supervisar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras Tarifa (Cádiz) ha dicho basta y, en un duro auto, ha reprendido al Ministerio del Interior por la falta de voluntad política para incluir en los presupuestos la dotación suficiente para reducir las condiciones “carcelarias” y las deficiencias estructurales de estos centros. Tras dos llamadas de atención, la jueza ha conminado a los directores de ambos centros y al ministro para que, sin posibilidad de recurso, pongan en marcha 31 medidas urgentes como la supresión de rejas o la instalación de aseos en las habitaciones.  

No es la primera vez que se cuestiona el modelo de los CIEs para atender a quienes solo han cometido una falta administrativa al entrar en nuestro país sin la documentación pertinente, tanto por las condiciones en las que residen los inmigrantes como por los escándalos con los internos que han acabado salpicando a policías. La reprimenda del juzgado gaditano se produce después de que, el pasado mes de abril, la jueza Belén Barranco comprobara con estupefacción que no se habían adoptado los requerimientos ordenados en diciembre, cuando en una visita saltaron todas las alarmas por el estado de los internos y las instalaciones, ni tampoco los sugeridos por el Defensor del Pueblo en febrero. Tras dichas peticiones, los directores apenas se habían limitado a reducir el número de internos en ambos centros.

"CUESTIÓN PRESUPUESTARIA"

La justificación dada por los inspectores de los dos CIE era que las propuestas “implicaría acometer obras y reformas que, por sus características y envergadura, son imposibles de ejecutar con los medios y vías de facturación que (…) se poseen a nivel local, dado que, con toda probabilidad, implican incluso la modificación de la distribución general del inmueble donde radican las instalaciones”. Ahora, el auto del juzgado de instrucción 1 de Algeciras afea que, si el único problema es económico, “el ministro del Interior debería poder contar desde la función de servidor público, que ostenta proporcionada por soberanía nacional, con los mecanismos para proponer, como materia que es la extranjería y que afecta a la exclusiva competencia del Estado, una dotación en presupuestos generales del Estado suficiente para subsanar las graves deficiencias estructurales”.

Las medidas que reclama el juzgado son tanto de procedimiento como de reestructuración de las instalaciones, y van desde la realización de pruebas médicas al ingreso para detectar desde tuberculosis a sífilis o VIH, y al fin de la prohibición, “arbitraria y sin la más mínima cobertura legal”, del uso de los móviles, pasando por la instalación de aseos con puerta el interior de las habitaciones o la supresión de las rejas.