Los universitarios catalanes tendrán cuatro años más para demostrar que dominan el inglés

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MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

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Que respiren tranquilos (al menos por un tiempo) los estudiantes universitarios que ya se estaban viendo el próximo curso teniendo que ponerse a tope con el inglés para poder sacarse el título. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), el organismo que coordina el sistema universitario catalán y que asesora a la Generalitat en materia de educación superior, aprobará con toda probabilidad este jueves una moratoria de cuatro años al requisito que prevé que, para graduarse, los estudiantes acrediten un nivel B-2 de lengua extranjera (el equivalente al First Certificate en inglés). Algunas universidades ya habían anunciado que no iban a aplicar esta condición impulsada por el ‘exconseller’ de Coneixement Andreu Mas-Colell, que afectaba a los alumnos que empezaron la carrera el curso 2014-2015.

Los rectores, que recuerdan que ya habían avisado desde un principio sobre los problemas que podían surgir, alegan que ha sido todo muy precipitado, que no se han habilitado los medios suficientes para que los alumnos con menos recursos pudieran mejorar su inglés, que todavía hay mucha gente sin nivel -entre otras cosas porque llegan del bachillerato sin buena base- y que una medida como esta podría, incluso, acarrear problemas legales.

LOS PLANES DE ESTUDIOS

Es el Estado, recuerdan, el que autoriza los planes de estudios de los grados universitarios (que elabora y aprueba en primera instancia cada universidad) y todavía hay muchas titulaciones que no prevén las lenguas extranjeras dentro de estos planes de estudios. Esto significaría que, si se le negara el título por no contar con el nivel B-2 a una persona que ha cursado un grado en el que no hay asignaturas de lengua extranjera (como Derecho o Medicina, en la mayoría de facultades), el afectado podría recurrir la decisión.

La más beligerante con el asunto ha sido la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ya el pasado abril comunicó a sus estudiantes que “la expedición del título de grado cursado en la UAB no estará vinculada a la acreditación del nivel B-2 de lengua extranjera”. La nota se hizo pública después de que numerosos estudiantes expresaran su inquietud ante la posibilidad de que el año que viene no hubieran sido capaces de alcanzar el nivel exigido de inglés, francés, alemán o italiano.

Como la UAB, algunas pequeñas universidades han mostrado su disconformidad con la medida. De entre las grandes, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) está a la espera de confirmar que el CIC dé este jueves su visto bueno a la moratoria (que luego aún deberá ratificar la Generalitat), para decidir su postura al respecto. La Universitat de Barcelona no se pronuncia de momento. 

MÁS DE LA MITAD NO LLEGAN

“Tal y como estaba previsto en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat del 2014, que es la normativa que ampara esta medida, llegar al nivel B-2 queda como responsabilidad de cada estudiante, pero la realidad nos dice que más de la mitad de los alumnos del sistema universitario catalán no tienen actualmente esa competencia”, argumenta Màrius Martínez, vicedecano de Relaciones Internacionales de la UAB y responsable de las políticas lingüísticas de esta universidad.

Eso, puntualiza Martínez, “a pesar de que, cada año, en las pruebas de nivel que se hacen en la universidad a los alumnos que llegan de secundaria, se constata una mejora progresiva del nivel de idiomas de los alumnos”.

El objetivo de Mas-Colell al poner en marcha esta medida era que, con ella, se garantizase que todo titulado universitario catalán no tuviera problemas al menos con una lengua extranjera al acabar sus estudios de grado e incorporarse al mercado laboral. “Queremos una universidad con una presencia importante del inglés y capaz también de atraer a un buen número de estudiantes extranjeros”, sentenció el entonces responsable de Universitats en una comparecencia en el Parlament en la que presentó la medida. La intención inicial era complementar la exigencia, dijo el ‘conseller’, con “un aumento del número de asignaturas impartidas en inglés y la participación en programas de movilidad internacional”.

Pero dar solo cuatro años de margen para adaptarse es demasiado justo, consideran las universidades, que han mostrado sus recelos con la medida. Lo que ha ocurrido estos años, desde que se anunció el requisito, es que, una vez más, los estudiantes con recursos económicos han podido hacer un esfuerzo suplementario para ponerse al día con el inglés (realizando cursos privados), mientras que los alumnos con rentas más bajas no ha podido afrontar este gasto adicional.