La universidad diseña reformas para ahorrar y competir en el extranjero

La crisis y la caída en picado de los ingresos y de las aportaciones públicas, pero también la necesidad urgente  de abrir puertas a profesores y alumnos extranjeros y de participar en proyectos de proyección internacional. Por cualquiera de estas razones, o por todas ellas a la vez, las tres grandes universidades catalanas han empezado a preparar reformas de calado que de momento afectarán a sus mastodónticas estructuras, pero que no se descarta que, en un futuro, alcancen también al personal.

Unas, como la Universitat de Barcelona (UB), estudian la reducción de departamentos, de unidades de trabajo y de centros adscritos. Otras, como la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), plantean una racionalización del área de administración y de la oferta formativa. Mientras, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) analiza cómo obtener más rendimiento de su patrimonio inmobiliario, que ahora mismo está siendo objeto de una auditoría. ¿El objetivo de todas ellas? Adelgazar, hacer que sus estructuras organizativas y académicas sean más flexibles. Y más modernas.

«Y también más eficientes, más funcionales y más operativas», señala Dídac Ramírez, rector de la UB, que ya ha puesto a su equipo a trabajar en ello. Tras la «profunda decepción» que supuso tener que suspender el pasado martes el claustro en que se iban a debatir los nuevos estatutos de la institución (porque unos piquetes impidieron la entrada a los asistentes), Ramírez explica a EL PERIÓDICO su voluntad de acometer una reestructuración profunda en la UB. «No hay ninguna universidad de nuestro entorno con más de 100 departamentos y más de 20 centros adscritos como tenemos nosotros», constata.

JUGAR LA 'CHAMPIONS' / La actual estructura departamental de la Universitat de Barcelona es fruto de «muchos años de historia, de un proceso acumulativo». «Ha llegado un momento en que muy poca gente la defiende», asegura el rector. La reforma que ahora se plantea obligará a revisar la política de profesorado, aunque, según Ramírez, «no representará una pérdida de empleos». Lo que se busca, dijo, «es que cuando la Universitat de Barcelona quiera colaborar con otra universidad extranjera no haya disfunciones o falta de coordinación como a veces ocurre ahora». La intención es que la UB «pueda jugar la champions de la investigación y la transferencia tecnológica». «Si hemos conseguido poner en marcha un campus de excelencia como el Barcelona Knowledge Campus, el BKC, en colaboración con la Universitat Politècnica, ¿por qué no vamos a lograrlo con una sola universidad?», subraya Ramírez.

Precisamente la UPC, que esta semana ha celebrado el primer claustro con Enric Fossas al frente del rectorado, está pendiente del resultado de dos auditorías, una económica y otra relativa a sus inmuebles y otros espacios, para emprender también una reforma estructural, que le ayude, de paso, a reducir su déficit acumulado de 114 millones de euros.

El proceso de reflexión y revisión que ha iniciado la UAB prevé «reorganizar, de entrada, las estructuras de apoyo técnico y organizativo», explica el gerente, Joan Melción. Pero además de esta remodelación, que repercutirá sobre el área de administración y servicios, la Autònoma quiere «racionalizar la programación», indica Melción. Para que lo entiendan los profanos: «Se estudiará qué asignaturas optativas o qué másteres son los que tienen menos demanda de alumnos y se valorará si deben seguir ofertándose», precisa el gerente de la entidad.

Todo ello se hará, insiste, con sumo cuidado. «Algunas de estas medidas se adoptarán solo con carácter coyuntural, para sobrellevar la crisis y la mengua de ingresos, pero no se podrán mantener porque, de lo contrario, el futuro de la universidad podría quedar hipotecado», advierte Melción. Con todo, agrega, «la verdadera eficiencia se tendrá que buscar en el conjunto del sistema universitario».

La primera de estas iniciativas globales es la constitución de un consorcio de servicios, que está ya en una avanzada fase de negociaciones, que debe permitir abordar de forma conjunta la contratación de  servicios y la compra de suministros.