ANÁLISIS

Unidad de cuenca en defensa del Ebro

La nueva estrategia trasvasista se basa en el libre mercado de derechos concesionales

PEDRO ARROJO

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La cuenca del Ebro vuelve a movilizarse frente al Plan Hidrológico recientemente aprobado por este Gobierno del PP, a pesar de estar en funciones. Un plan que, en lo esencial, ignora las advertencias de la Comisión Europea y repite los contenidos del que promovió en su día el Gobierno de José María Aznar. Sigue marginándose el objetivo central de la directiva marco, que exige recuperar el buen estado de ríos, humedales y acuíferos, incluyendo deltas, estuarios y litorales marinos.

Sigue, de hecho, ignorando la obligación de restringir la expectativa de caudales para los diversos usos y ambiciones productivas, estableciendo y garantizando regímenes ecológicos mínimos que permitan recuperar la salud y el buen estado de nuestros ríos. Se siguen minimizando y difuminando las expectativas vigentes de reducción de caudales fluviales por el cambio climático en curso. Se mantienen las demagógicas expectativas de crecimiento del regadío en este contexto climático, poniendo en riesgo los actuales regadíos. Pero, sobre todo, se refuerza la oferta de nuevos derechos concesionales en un marco en el que tales derechos podrán venderse, dentro o fuera de la cuenca, aprovechando los cambios normativos y legales impuestos por el PP a lo largo de los últimos años.

Herramienta excepcional

En efecto, desde su mayoría absoluta el PP ha desarrollado discretamente, a lo largo de la pasada legislatura, su nueva estrategia trasvasista, basada en legalizar el libre mercado de derechos concesionales de agua. La opción conocida como cesión de derechos, prevista y aprobada en un principio como una herramienta excepcional de gestión de sequías, permitía transferencias de derechos, pero de carácter temporal y solo mientras estuviera vigente una emergencia por sequía. En sucesivas reformas legales se suprimió la restricción temporal y la condición de emergencia por sequía, de forma que pasó a legalizarse, de facto, la compraventa de derechos concesionales, por tiempo indefinido y en cualquier circunstancia, como si el agua fuera un bien privado.

Finalmente, una modificación del régimen jurídico de los trasvases, enmascarada en la Ley de Evaluación Ambiental, completó esa nueva arquitectura trasvasista. El control parlamentario de futuros trasvases quedó sustituido por una simple autorización de la Dirección General de Aguas. Con la nueva normativa, un eventual trasvase de caudales vendidos de una cuenca a otra puede eludir la evaluación de impacto ambiental y ni siquiera debe justificarse desde la obligada evaluación ambiental estratégica del correspondiente plan hidrológico de la cuenca cedente.

En este nuevo contexto legal, el Gobierno no necesita promover explícitamente el trasvase, sino que tan solo debe construir la infraestructura que permita ejercer el libre mercado entre usuarios de distintas cuencas… « Ya tenemos contratos firmados con los regantes del canal de Estremera, en el Tajo», me decían no hace mucho en Murcia. «Y estamos negociando tratos ventajosos con regantes del valle del Ebro». La oferta de nuevos derechos concesionales de riego, que promueve de forma irresponsable este Plan Hidrológico, aunque son derechos de papel, tienen valor de mercado en el negocio del agua privatizada que el Partido Popular promueve.

Por eso este domingo, en Amposta, los movimientos sociales que hace años paramos el trasvase del Ebro levantando la bandera de la Nueva Cultura del Agua hemos vuelto a manifestarnos contra este Plan Hidrológico del Ebro, que abre paso a estas nuevas estrategias trasvasistas basadas en la privatización y la mercantilización del agua. De nuevo catalanes, aragoneses, navarros, vascos y riojanos hemos vuelto a reivindicar nuestros ríos, como un patrimonio público de todos y todas, evitando su mercantilización, su contaminación y su expolio.