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Multa de 800 euros por publicar una foto de un coche de policía aparcado en una plaza para discapacitados
La 'ley mordaza' permite este tipo de sanción ya que la mujer utilizó una imagen policial sin autorización
Multa de 800 euros por publicar una foto de un coche de policía aparcado en una plaza para discapacitados / periodico
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoUna mujer de Petrer (Alicante) ha sido multada con 800 euros por publicar en Facebook una foto de un coche de la policía local de este municipio aparcado en una plaza para discapacitados, según informa el portal 'Petreraldia'. La policía pidió que se multara a la mujer que publicó la imagen junto con comentarios críticos, de acuerdo con un nuevo ordenamiento de Seguridad Pública conocida como 'ley mordaza' que ha provocado numerosas críticas.
La policía presentó una denuncia al ministerio del interior regional sobre la publicación del comentario el 27 de julio, que ha dicho que ofendió el trabajo del agente y merecía una sanción, dijo Fermín Bonet, un inspector policial en el pueblo Petrer (Alicante) en el sureste.
La ley permite que la mujer, quien no ha sido identificada, sea multada con entre 600 y 30.000 euros por utilizar imágenes policiales sin autorización. Grupos defensores de los derechos humanos dicen que la ley coarta la libertad de expresión y reunión.
Según la legislación anterior, esas cuestiones debían ser decididas por un juez en un tribunal, pero ahora los funcionarios del gobierno pueden dictar reglas.
El concejal Fernando Portillo, de Petrer, ha dicho The Associated Press que la policía tenía derecho a estacionar en el lugar debido a que estaba trabajando en ese momento. Ha agregado que el ayuntamiento habría preferido otra solución pero que los dos policías locales insistieron en la aplicación de una multa en defensa de su honor.
La ley, dictada por el Partido Popular en el gobierno, entró en efecto el 1 de julio pese a críticas generalizadas de partidos de oposición, expertos de las Naciones Unidas y grupos defensores de los derechos humanos, que sostienen que la ley se propone acallar protestas.
La ley también permite la expulsión sumaria de migrantes que entren ilegalmente en los enclaves españoles en el norte del África y establece fuertes multas a quienes protesten frente al Parlamento o instalaciones estratégicas.
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