Una jueza indaga si se cometieron negligencias en el caso del ébola

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas por la posible existencia de una infracción penal tras admitir a trámite una denuncia presentada por 15 médicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Paz-Carlos III de Madrid por las medidas adoptadas contra el ébola. La jueza de instrucción número 21 de Madrid, María Teresa Abad, ha solicitado al centro que remita documentación acreditativa de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal y la formación proporcionada al mismo en relación con los hechos denunciados. También le pide la relación de los asistentes a los cursos de formación y quiénes los impartieron, además de la lista de médicos, enfermeras y auxiliares que estuvieron en contacto con el virus.

La jueza también reclama a la Inspección de Trabajo que remita las actas o informes instruidos en relación con los hechos objeto de la denuncia, en la que se señalan posibles delitos contra la salud pública y contra la seguridad de los trabajadores.

En su resolución, la instructora señala que de los hechos denunciados se deriva una posible «infracción penal». El Ministerio Fiscal, que ya estaba investigando los mismos hechos, detuvo sus pesquisas en cuanto tuvo conocimiento de que una magistrada había admitido a trámite la denuncia de los médicos y le ha remitido sus actuaciones.

Los médicos denuncian que, desde que la dirección de La Paz comunicó el 25 de abril a su servicio de medicina intensiva que el hospital había sido designado centro de referencia para detección y tratamiento del ébola, empezaron a advertir de «la necesidad de una infraestructura, medios y formación». Tras una carta remitida el 29 de abril al consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, a los miembros de urgencias, medicina interna y medicina intensiva se les prometió una formación adecuada con talleres prácticos, según los denunciantes.

CONSTANTES RECLAMACIONES / En su lugar, señalan, el servicio de protección de riesgos laborales del hospital ofreció en julio «a los interesados» una charla de unos 45 minutos y la exhibición de unos trajes de protección «sin las condiciones de seguridad requeridas». En agosto, ante la inminente llegada del primer misionero infectado, volvieron a exigir las medidas de seguridad, algunas de las cuales fueron subsanadas al «reasignarse el hospital Carlos III como centro de referencia». Aunque el jefe de servicio aseguró haber cumplido las peticiones, los denunciantes aseguran que no fue así, ya que «la estructura de las habitaciones  y sus esclusas no reúnen las condiciones para garantizar la seguridad».

La denuncia añade que los trajes no eran los adecuados y que no se recibió formación correcta sobre su colocación ni especialmente su retirada. El 6 de octubre, continúan, llegaron los trajes solicitados pero no la formación ni la ampliación de las esclusas cuyo reducido tamaño dificulta la retirada de la vestimenta.

Tras conocer la apertura de la investigación, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, defendió que los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y la OMS «se han cumplido fielmente». Y agregó que se siguieron «en todo momento» las directrices marcadas por la comisión de coordinación creada por el Gobierno tras el contagio de la auxiliar de Teresa Romero.