Una jueza argentina pide la extradición de cuatro exaltos funcionarios policiales por torturas en el franquismo

La resolución deriva de la querella interpuesta en Buenos Aires en el 2010 por crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura

Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica / periodico

ABEL GILBERT

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Una magistrada argentina ha solicitado, a través de Interpol, la extradición de cuatro exaltos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo en el marco de la causa que se sigue en Argentina contra los crímenes cometidos durante la dictadura española.

La resolución dictada por la jueza María Servini de Cubría recoge la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias 'Billy El Niño'.

La resolución, que ha sido comunicada a las asociaciones que interpusieron la querella en Buenos Aires en 2010 tras el cierre de la causa en la Audiencia Nacional, supone "un primer paso que agrieta la impunidad del franquismo", según ha comentado a Europa Press Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Según Silva, la "imputación" de los cuatro antiguos funcionarios policiales, "que utilizaron la Dirección General de Seguridad como centro de detención ilegal y tortura", abre un proceso "que no sabemos a dónde llegará" pero que considera "un avance" por "calificar criminalmente estos hechos".

"Es triste que sea la Justicia argentina, aquí ha sido imposible que esto ocurra", ha lamentado Silva, a pesar de celebrar la noticia, y ha reclamado al Gobierno de España "que responda y colabore" a los requerimientos del tribunal argentino. Los antecedentes de los funcionarios

Jesús Muñecas Aguilarcapitán de la Guardia Civil, fue condenado a cinco años por rebelión militar y expulsado del cuerpo por su participación en el golpe de Estado del 23-F de 1981.

Celso Galván Abascal, inspector de la siniestra Brigada Político-Social y escolta del dictador, fue absuelto del asesinato del estudiante Enrique Ruano en 1969.

José Ignacio Giralte González, también miembro de la Brigada Político-Social, fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía y su nombre aparece en al menos cuatro querellas presentadas en Argentina asociado a torturas a miembros del movimiento estudiantil.

González Pacheco'Billy el Niño', que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la ley de amnistía de 1977.

La resolución de la jueza, de 200 páginas, pide su detención para tomarles declaración indagatoria y, según el abogado querellante Máximo Castex, incluye un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.

"Decisión sin precedentes"

Entre los argumentos de su decisión, la jueza Servini de Cubría retoma informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.

"Es una decisión sin precedentes que abre una esperanza a las víctimas", apunta Castex. La causa se abrió en Buenos Aires en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, que abarca el periodo de julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, al 15 de junio de 1977. Castex ha declarado que, tras este primer paso, las víctimas esperan nuevas órdenes de detención de altos funcionarios de la dictadura y magistrados.

También para el abogado de la querella Pompeyo Ramos se trata de "un paso de gigante" para la causa, "una revolución para el mundo de la jurisprudencia" similar a la que se produjo cuando la Audiencia Nacional española procesó a los dictadores Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.

A la causa, abierta en 2010 por Servini de Cubría por delitos cometidos durante el franquismo, se sumaron la pasada semana denuncias por robo de bebés en España. Además, está previsto que una delegación española integrada por 12 demandantes en la causa, arropados por "una serie de apoyos institucionales", viaje a Buenos Aires para entrevistarse con la juez el próximo 20 de noviembre.