EL CONFLICTO DE EL PRAT

Y el tsunami privatizador de Aznar llegó a los aeropuertos

La sustitución de guardias civiles por agentes privados empezó con el primer Gobierno del expresidente conservador

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Manuel Vilaseró / Madrid

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La obsesión del primer Gobierno de José María Aznar por el déficit cero que debía garantizar la entrada de España en el selecto club del euro se llevó por delante muchas empresas públicas (Telefónica, Tabacalera, Endesa, Repsol, Gas Natural, etcétera) y también, aunque pasara mucho más desapercibido, la seguridad pública de los aeropuertos. El 29 de junio de 1999, mientras los titulares de la prensa los copaba el caos de los aeropuertos causado por las protestas de los controladores y las raquíticas infraestructuras, Aena y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior firmaban el convenio que arrinconaría a la Guardia Civil en los controles de los pasajeros.

"En el ejercicio de las competencias que Aena tiene asignadas en su propio estatuto, en materia de seguridad aeroportuaria, el Ente Público, a través de su Departamento de Seguridad, participará, en el marco de la coordinación y cooperación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la adopción de medidas de seguridad dentro de los recintos aeroportuarios, y, de manera específica, en los servicios, recintos y lugares que se relacionan…" Así empezaba la disposición tercera del convenio para después establecer que "la prestación de servicios que correspondan a Aena, se realizará por vigilantes de seguridad, integrados en su Departamento de Seguridad".

El entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, cabalgaba con mucho gusto en la ola privatizadora, hasta el punto de que llegó a anunciar también la privatización de Aena, algo que no se llevaría a cabo hasta 15 años después y solo parcialmente.

La concesión a empresas privadas de los controles aeroportuarios tampoco se hizo de la noche a la mañana. Empezó por algunas instalaciones para acabar extendiéndose a los grandes de Madrid y Barcelona. Los nuevos requisitos derivados de los atentados del 11-S hicieron más compleja y salpicada de conflictos la participación de un personal mal pagado y con escasa formación en el registro de los pasajeros, pero nunca la frenaron. El ahorro en efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado era una golosina demasiado apetitosa incluso en tiempos de superávit presupuestario.

Tres compañías se reparten el pastel

Dieciocho años después, tres compañías se reparten el pastel de la seguridad de la red de Aena. Eulen copa el mayor número de instalaciones, 21, aunque la gran mayoría, salvo la de El Prat, son de pequeño tamaño. Su principal rival, Prosegur, controla 17, con la ventaja de tener entre ellos Madrid-Barajas, Alicante, Ibiza, Gran Canaria y Tenerife Sur. ICTS detenta otros 7, Málaga entre ellos.

Eulen arrebató a Prosegur la gestión del aeródromo barcelonés en el concurso convocado en junio del año pasado al presentar una oferta 500.000 euros más barata que su rival. Un baja del 2% respecto al precio de licicitacion que "de ningún modo puede considerarse temeraria", según los directivos de Aena.

Sea o no temeraria la baja, el hecho es que el salario medio de un trabajador de Eulen oscila entre los 900 y los 950 euros, mientras que el de un guardia civil se estima en 1.400. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recordado que en su día ya advirtieron de "las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública, tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios". "Ahora que se evidencia el conflicto, se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva", reprochan.