La hoja de marihuana es desde hace años una presencia familiar en las calles de Colorado, uno de los 17 estados de EEUU, además del Distrito de Columbia, que han legalizado la marihuana médica. Envasada en botes de cristal o comercializada en pasteles y caramelos, la hierba se vende en tiendas con una cruz verde de farmacia en el escaparate. Esos dispensarios se parecen más a boutiques o estancos de diseño. Despachan también ropa o bisutería, con la aparente intención de huir de toda reminiscencia de antro clandestino.

Dispensario de marihuana con fines terapéuticos en Seattle (Washington). AP / TED S. WARREN

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Información publicada en la página 32 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 25 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Y podría ser solo el principio porque tanto Colorado como Oregón y Washington celebrarán el 6 de noviembre, día de las elecciones, referendos para legalizar la marihuana de uso lúdico. La reforma se ha bautizado como Amendment 64 y, de prosperar, autorizaría la venta en las tiendas y despenalizaría tanto la tenencia de hasta 28 gramos para consumo personal entre los mayores de 21 años como el cultivo de hasta seis plantas en casa. Lo que no se plantea es que pueda consumirse en público o en coffee shops como los holandeses. Sus partidarios buscan esencialmente que se le aplique la misma regulación que al alcohol.

«¿Qué sentido tiene mantener la prohibición si todos los estudios independientes, incluidos los del Gobierno federal, concluyen que es menos dañina que el alcohol para el usuario y la sociedad?», dice Mason Tvart, portavoz de la campaña Regulate Marijuana Like Alcohol. «Cada año mueren en EE UU 35.000 personas por enfermedades derivadas de la bebida, mientras la marihuana no ha matado nunca a nadie», añade.

DIVISIÓN SOCIAL / En la calle, el debate arrecia. «Hay división social, pero la discusión es bastante civilizada. Al fin y al cabo a la gente le preocupa más las presidenciales que el referendo», dice John Engold, reportero del Denver Post que cubre el tema. La última encuesta de su periódico da a los partidarios de la legalización una ligera ventaja de cinco puntos.

Como en el debate en Rasquera, los beneficios económicos de la despenalización son una de las grandes bazas de sus partidarios. Especialmente cuando estados como Colorado están aplicando importantes recortes sociales para cumplir la ley que les obliga a equilibrar el déficit. No solo prometen puestos de trabajo y nuevos ingresos para el estado en forma de impuestos, sino también un ahorro significativo en lo que se gasta persiguiendo a traficantes y consumidores o confinándolos en unas cárceles donde no sobra el espacio.

Los análisis oficiales estiman que la legalización podría suponer entre 5 y 20 millones de dólares (entre 3,8 y 15,4 millones de euros) anuales para las arcas estatales, una cifra que los partidarios de la moción elevan a 60 millones. La campaña de Colorado promete destinar más de dos tercios de los ingresos a construir colegios públicos, mientras la enmienda de Washington prevé destinar la mitad de la recaudación a la sanidad, la prevención del abuso de las drogas y la investigación. «No tiene sentido que este dinero se quede en el mercado negro y acabe en manos de las mafias, porque está demostrado que es imposible erradicar el uso de las drogas», dice Tvart.

LOS OBSTÁCULOS / Pero no a todo el mundo le salen los cálculos o está dispuesto a aceptar la normalización de la marihuana. Quienes se oponen a la medida sostienen que facilitaría el acceso de los jóvenes a ella, les abriría la senda a otros estupefacientes más dañinos y aumentaría el riesgo en las carreteras. Y también discuten los números porque aseguran que la legalización implicaría costosas regulaciones burocráticas y permanentes batallas legales.

Y es que aunque el referendo triunfara en alguno de los tres estados, hay bastantes posibilidades de que el Gobierno federal obvie el resultado. Al fin y al cabo, es la autoridad última en lo que respecta a la regulación de las drogas. «Cuando California planteó [sin éxito] un referendo similar en el 2010, Washington ya amenazó con arrestar a los que vendieran marihuana y perseguirlos con la ley federal», recuerda Sam Kamis, profesor de Derecho de la Universidad de Denver.