La trastienda del 'top manta'

Ousmane Seck protagonizó el año pasado la campaña Yo soy original, impulsada por la Asociación Española en Defensa de la Marca. Este senegalés nacido hace 32 años en Louga logró llegar a España en el 2009 y por referencias de un amigo de su madre se instaló en Torrevieja, Alicante. Sin papeles. Como muchos de sus compatriotas, con cuerdas y una tela se fabricó un hatillo y se hizo mantero. El último eslabón de un negocio ilegal de difícil solución que supone la destrucción de empleo, favorece la explotación ilegal y el crimen oganizado y funciona gracias a la complicidad de unos compradores que solo ven sobre esa manta la codiciada marca en versión barata.

De la mano de la ONG Asila, Ousmane Seck pudo dejar el top manta hace un año para dedicarse a la elaboración y venta de artesanías. Como él, muchos consiguen con ayuda abandonar la actividad ilegal. Pero también muchos otros han convertido el comercio de productos falsificados (ilegales) o de imitación (legales, aunque su venta callejera es ilegal, como también lo es la práctica habitual de añadir a estas imitaciones distintivos de marcas de lujo) en un modo de vida.

La trágica muerte, bajo investigación judicial, el martes pasado del senegalés Mor Sylla, de 50 años, al caer del balcón de un tercer piso en Salou cuando iba a ser detenido por los Mossos d'Esquadra, ha puesto bajo el foco a los vendedores que siembran de mercancías los paseos marítimos de las poblaciones turísticas españolas. ¿Quiénes son?

«El 99% de los manteros son senegaleses establecidos desde hace años en España. Han copado el mercado y no permiten la presencia de vendedores de otras nacionalidades. Algunos, como el fallecido en Salou, tienen documentación, pasaron por la construcción pero la crisis los devolvió a la calle y la manta. Han convertido esta actividad en su fórmula para buscarse la vida». El análisis es de un responsable policial que como el resto que aparecen no se identifica por falta de autorización oficial para participar en este artículo.

SIN DEUDAS / «Ni una sola investigación ha acreditado que un mantero esté obligado a vender para saldar deudas con la mafia que le ayudó a llegar a España. Esa esclavitud se ha acreditado con mujeres que son forzadas a ejercer la prostitución, pero con ellos, no», señala otro policía.

Otra cosa diferente es la relación, casi tribal, que reproducen al llegar a España. Familiares establecidos que ayudan a los que llegan, prestando la primera mercancía, y una distribución de roles en la que siempre hay alguien pendiente de alertar cuando merodea la policía.

De un tiempo a esta parte, muchos de los manteros, y el caso de la víctima de Salou es un ejemplo, han dejado de vender en la calle el material propiedad de compatriotas situados en un eslabón superior en la cadena. Ahora lo que venden es suyo. Lo compran, a menudo en grupo y en cantidades importantes. «Eso explica que defiendan el material con mucha más contundencia cuando se acerca la policía». El pasado viernes cinco guardias urbanos resultaron heridos en una refriega con manteros en la Rambla. Eran las tres de la tarde y agentes de paisano se acercaron a un grupo de vendedores para confiscarles el material. Ese mismo día la alcaldesa Ada Colau había asegurado que la Guardia Urbana seguía combatiendo el top manta, pero que la solución al conflicto no sería policial. Y anunciaba un proyecto para reconvertirlos en recogedores «legales» de chatarra.

«Su reacción fue muy violenta, como viene siendo habitual en los últimos tiempos en Barcelona. Nos respondieron a pedradas», relató un compañero de los agredidos.

El material que compran es suyo. Y como cada vez es más difícil encontrar buenos productos falsificados, adquieren a distribuidores internacionales que importan directamente desde China y Tailandia. Hasta hace tres años, buena parte del material que se ofrecía en el top manta de Catalunya procedía de un importador en Turquía. Ahora compran en Grecia y el Reino Unido y reciben el material por paquetería.

Existen varios estudios sobre el impacto del top manta. La Confederació de Comerç de Catalunya, por ejemplo, elaboró en febrero del 2013 un informe que asegura que tres de cada diez catalanes compran conscientemente marcas falsificadas.

Por la presión de marcas y comerciantes, en el 2011 la Generalitat intensificó las campañas contra el top manta y aprobó la ley ómnibus, un amplio paquete legislativo que recoge la posibilidad de sancionar al comprador.

A pesar de los intentos de ampliar el foco del problema señalando directamente la responsabilidad del comprador, la nueva reforma del Código Penal ha vuelto a penalizar el top manta. Desde julio, los manteros pueden ser detenidos acusados de un delito, incluso encarcelados a criterio del juez, y tendrán antencedentes penales que torpeadarán su regularización en España.