INVESTIGACIÓN GUBERNAMENTAL

Australia acusa a los Testigos de Jehová de ocultar la pederastia

Bautizo de testigos de Jehová, en el 2009, en el Palau Sant Jordi.

Bautizo de testigos de Jehová, en el 2009, en el Palau Sant Jordi.

GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA

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Una comisión gubernamental creada en Australia (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexal Abuse) ha desnudado todas las carencias que los Testigos de Jehová presentan internamente en este país para proteger de los pederastas a los menores de edad que forman parte de su comunidad. Tras más de un año de investigación, ha concluido que no actúan "adecuadamente" para eliminar el riesgo que corren los pequeños de ser víctimas de abusos.

El informe 'Estudio del Caso 29: La Respuesta de los Testigos de Jehová' está basado en el testimonio de dos víctimas que fueron agredidas sexualmente cuando eran menores. El trabajo se ha elaborado a partir de audiencias, que se celebraron durante los meses de julio y agosto del 2015, en las que fueron citadas, además de las víctimas, miembros del credo y diversos expertos. El informe ha analizado también los sistemas, políticas y procedimientos de esta organización para prevenir, responder y denunciar este tipo de delitos sexuales.

"De las evidencias presentadas, la comisión considera que los Testigos de Jehová se apoyan en políticas y prácticas obsoletas para responder a las acusaciones de abusos sexuales que no están sujetas a una revisión constante y continua", se advierte. "De largo", son "inapropiadas e inútiles" para tratar esta problemática. 

"LOS DOS TESTIGOS"

La normativa interna de esta organización que gestiona los casos de abusos a menores no se ha revisado desde la creación de esta comunidad a finales del siglo XIX y se apoya en postulados -los de la Biblia- redactados hace casi 2.000 años.

Los Testigos de Jehová investigan internamente los casos de pederastia a través de las autodenominadas audiencias judiciales que forman dos ancianos -los líderes de cada congregación- y dictaminan según los estándares bíblicos pero no según las leyes vigentes en cada país. 

Estos estándares consideran culpable al adulto acusado de pederastia si este confiesa o si la víctima -un menor de edad- aporta por lo menos a "dos testigos oculares" que hayan presenciado la agresión y ratifiquen su declaración.

Los Testigos también obligan a víctima y agresor a mantener un careo que no tiene en cuenta la situación de fragilidad que puede implicar para el menor de edad el hecho de enfrentarse con el adulto que abusó de él. Se trata de una forma de proceder calcada a la que Noelia Piris sufrió en Barcelona en 1994 o Israel Flórez en Madrid en 1979. Dos casos destapados recientemente por EL PERIÓDICO. 

Por hechos como este, la comisión considera que los Testigos adolecen de "una falta grave de entendimiento sobre la naturaleza del abuso sexual de un menor".

OCULTACIÓN DE ABUSOS

En la práctica esta organización "no ha informado" a las autoridades competentes de los casos de abusos sexuales a menores de los que ha tenido conocimiento. Un hecho que Miguel García denunció a este diario y a los Mossos d'Esquadra, porque también ocurre en España. Este "grave fallo" no "protege" a los niños que forman parte de su comunidad.

Los mecanismos internos para sancionar a los pederastas son "débiles" y han facilitado que estos agresores sexuales -miembros de los Testigos- se muevan sin ningún control dentro de las congregaciones. Se ha menospreciado el riesgo de que vuelvan a reincidir. Se demuestra que existe un "claro desconocimiento" en la comprensión de la gravedad "del impacto" que este tipo de delitos pueden generar "sobre los niños". 

CONOCER TODOS LOS ABUSOS

La comisión autora del informe investiga desde el 2012 la respuesta de las instituciones a los abusos sexuales a menores que estaban bajo el cuidado de organizaciones públicas, sociales o religiosas y que ha llevado a comparecer como testigo al mismo cardenal George Pell, máximo representante de la Iglesia australiana y ministro de Finanzas del Vaticano.

A principios de mes, el Gobierno australiano anunció que indemnizará a las víctimas de estos abusos con hasta 150.000 dólares locales.