Conflicto lingüístico en las aulas
Test de lengua ante el juez
La hora del cuento en la clase de P5 (estudiantes de 5 y 6 años) en la Escola Pia de Calassanç del barrio barcelonés de Sarrià fue ayer, excepcionalmente, en castellano. Los alumnos, que a estas alturas escriben ya sus primeras palabras con cierta destreza y son capaces de leer letra ligada, trabajaron, como suele ser habitual en estas clases, con materiales de distinto formato, dibujaron y colorearon. La particularidad es que, en esta ocasión, solo escucharon hablar en la lengua castellana. Nada de catalán. Así seguirán haciéndolo los próximos cuatro días, hasta que el viernes se marchen de vacaciones.
Sus compañeros de cuarto de primaria, que ya han acabado el temario del curso, dedicaron la jornada a realizar un taller de expresión oral, también en castellano, mientras que los chicos de cuarto de ESO del instituto público Alba del Vallès, en Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) dedicaron el último día de clases lectivas a acabar el libro de Historia. Tocó hablar de la guerra civil española y del franquismo, también exclusivamente en lengua castellana.
Es la forma en que han acatado las órdenes del juez dos de los cinco centros educativos barceloneses requeridos por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a impartir en castellano el 25% del horario lectivo en las clases donde haya alumnos que hayan solicitado ser escolarizados en esta lengua. La semana próxima, con el curso 2013-2014 ya terminado, los directores de los colegios comparecerán ante la autoridad judicial para hacerle entrega de los trabajos realizados estos días por los escolares y demostrarle así que su resolución se ha ejecutado.
RECURSOS Y CONTRARRECURSOS / Antes de llegar a este extremo (probar al juez, a base de trabajos escolares, que los chicos afectados por su resolución saben castellano), las escuelas han agotado todos los recursos y contrarrecursos posibles. Han conseguido llegar así hasta la última semana de colegio sin tener que aplicar antes las medidas cautelares dictadas a finales de enero por el TSJC, en una resolución que fue duramente criticada por docentes, pedagogos, padres y políticos, porque suponía una auténtica carga de profundidad contra el modelo de inmersión de la escuela catalana.
El auto judicial tiene, prosiguen los contrarios, una clara inspiración en el sistema lingüístico que el PP está aplicando ya en las Baleares y la Comunidad Valenciana. Otra de las críticas que se han hecho a la resolución del TSJC es que, por primera vez, se ha cuantificado y fijado cuál ha de ser la presencia del castellano en las aulas de la comunidad, algo que no han hecho hasta ahora ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional, ni siquiera el ministro de Educación, José Ignacio Wert, con su controvertida ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que solo prevé que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza «en una proporción razonable».
«Es un auto que obliga a extender la petición de una única familia a todo un grupo de clase y eso puede acabar desencadenando un choque de intereses que la Generalitat siempre había querido evitar», ha lamentado en más de una ocasión la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, que insiste en que hay un 14% de colegios en Catalunya que ya imparten, normalmente por necesidades pedagógicas de los alumnos, asignaturas en castellano.
«ESTO ES UN FRAUDE» / Para Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad que asesora a las cinco familias que exigieron clases en castellano (ocho niños, en total), los colegios cometen «un incumplimiento manifiesto de las medidas dictadas por el juez, un auténtico fraude». Francisco Caja, portavoz de CCC, aseguró que «los padres implicados están absolutamente indignados por esta especie de semana española que han montado en las escuelas para acabar el curso».
Convivencia Cívica, que también ha recurrido el auto del TSJC porque considera que un 25% de castellano es insuficiente -«la proporción debería ser, al menos, del 50%», dice su portavoz-, considera que tampoco la LOMCE del ministro Wert garantiza el bilingüismo en Catalunya. «Al contrario, lo que hace es avalar la inmersión y colocar en un gueto a los que quieren escuelas en castellano», dijo.
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