El tercer sector reclama una nueva renta mínima

Cada vez que a Artur Mas le llaman el 'president' de los recortes sociales, enfurece. El presidente de la Generalitat, actualmente en funciones, asegura que su gestión ha sido social e inclusiva. Sin embargo, no es una opinión compartida por las entidades sociales, que han sufrido los males de la austeridad en la pasada legislatura. El abrupto recorte de la renta mínima de inserción (RMI), la firma de un plan de apoyo al tercer sector que incluía un punto que decía que el plan no supondría un coste adicional de un euro para el Govern, el impago recurrente a las entidades, con episodios especialmente graves en varios veranos: impago de un concierto mensual, recorte de las ayudas para plazas de residencias.

La lista es larga e hiriente. Dice Mas que los recortes los impone el Gobierno central, que a su vez dice que es la UE quien los impone. Y lo que el sector dice es que en los próximos meses el nuevo Govern debe centrarse en crear una nueva renta que, se la llame como se la llame, proporcione unos mínimos que garanticen la supervivencia.

Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a las entidades sociales catalanas, afirma que ahora mismo hay en Catalunya 34.000 familias con hijos o personas dependientes a su cargo que no tienen ningún ingreso. «En los últimos años hemos actuado sobre la emergencia. Hay que pasar de la emergencia social a un sistema de garantía de derechos». Y eso, sostiene, no será posible sin una nueva prestación única: «Ahora hay 155 prestaciones diferentes». Unificarlas, dice Illa, sería práctico. Contar con una renta que procure un mínimo, añade, «permitiría no crear bolsas de marginación y clarificar el sistema».

Según el presidente de la Taula, todos los gobiernos dicen que son sociales, pero tienen diferencias de criterio. Algo está pasando, denuncia, cuando en los últimos siete trimestres en Catalunya la economía ha mejorado pero las desigualdades se han incrementado: «La economía crece y no se redistribuye». Y aporta otro dato significativo: del 20,9% de población en riesgo de exclusión, el 15% está formado por gente que trabaja: los trabajadores pobres.

RENTA GARANTIZADA

En el 2011, viendo que la destrucción de empleo no paraba y que los desempleados agotaban prestación y subsidio, el Govern temió un colapso de peticiones de la RMI, que era un derecho subjetivo: todo el que acreditaba los requisitos la recibía. Así, y con el pretexto de una reforma de la ayuda que no se hizo, el Ejecutivo de Mas cerró el presupuesto: cuando se acaba el dinero ya no se dan más rentas mínimas. Y endureció los requisitos para entrar y mantenerse en la prestación.

ENMIENDAS DE CiU

El asunto tuvo un final de legislatura un punto sarcástico. Tras bloquear cuatro años la RMI, el Govern ignoró la renta garantizada de ciudadanía -que prevé asegurar unos mínimos de 664 euros mensuales a cada ciudadano, es decir, complementar lo que les falte de esa cantidad, no dársela íntegra-, pese a que figura en el Estatut. La renta garantizada está planteada como un derecho, sin contrapartidas, a diferencia de la RMI, que conlleva formación ocupacional, obligaciones. Cuando la iniciativa legislativa popular de la renta garantizada llegó al Parlament, el grupo de CiU, en sus últimas semanas de existencia, presentó enmiendas que apuestan por que la renta se llame garantizada pero sea otra RMI. Muy similar a la renta que Mas había recortado cuatro años atrás.