El Periódico

Sábado, 5 de octubre del 2013

Un anciano con alzhéimer coge la mano de la persona que lo asiste.

Las desigualdades sociales y los estados de necesidad que generan la crisis y el mercado de trabajo son cubiertas tanto por las administraciones públicas como por el llamado tercer sector: la suma de las entidades de la sociedad civil que ayudan a los colectivos más débiles y vulnerables. Los poderes públicos redistribuyen renta a través de las pensiones, los subsidios y las ayudas. Estas configuran un derecho social y constitucional de ciudadanía sobre el que se asienta el llamado Estado del bienestar.

En el 2011, cuatro de cada diez hogares españoles sobrevivían gracias a pensiones y otras prestaciones. Si entonces se hubiese desmontado radicalmente todo el sistema de prestaciones, el nivel de pobreza alcanzaría el 44% de la población y la situación sería explosiva. Imaginen la situación de empeoramiento dos años después, con más paro y más recortes. El Estado del bienestar puede y debe redefinirse, pero no a costa de ser desmantelado y caer en un sistema de beneficencia sin derechos.

Las entidades del tercer sector son un pilar necesario y complementario de los poderes públicos, pero no los sustituyen. Más bien incrementan la eficiencia de llegar a más colectivos y situaciones de necesidad gestionando programas y servicios en multitud de ámbitos (infancia, familias, desempleo, inmigración, discapacidad, violencia de género, exclusión social...). Junto a los servicios sociales de nuestros ayuntamientos, estas entidades altruistas son la trinchera y la plataforma de intervención directa que resuelve, ayuda o canaliza miles de situaciones personales críticas.

Una lucha silenciada

Una lucha cotidiana y muy silenciada que cimenta la cohesión social y la ayuda directa en plena crisis. Antes de la actual crisis, la codicia y el individualismo posesivo erosionaron las relaciones comunitarias y solidarias. Ahora, con la crisis reaparecen el sentido colectivo, la ayuda mutua y la cooperación, tal como destaca Richard Sennet. Puede que la tarea agregada que hacen las entidades del tercer sector sea poco conocida y valorada. Incluso en ciertos sectores de población desinformada puede que despierten cierto recelo.

Seguro que la ciudadanía es más entendida en fútbol o en famosos que en el funcionamiento de su sistema de bienestar social. Es algo esperable en un país que construyó su sistema de servicios sociales de forma tardía (en los años 80) en relación a los países europeos. Tenemos un welfare-mix llamado así por la complementariedad que se da entre los tres agentes proveedores de bienestar y ayuda: los poderes públicos, las entidades del tercer sector y las familias. Con la particularidad mediterránea del gran peso que juegan las familias a la hora de prestar servicios de cuidado y asistencia a niños, mayores y dependientes. Léase el gran peso que desempeñan las mujeres ante el insuficiente sistema público de guarderías, residencias de ancianos y servicios de dependencia.

En el periodo 2003-2013 el tercer sector ha duplicado el número de beneficiarios hasta los actuales 2,1 millones. La crisis ha generado un 25% más de personas atendidas y un 18% menos de personal empleado por las entidades. Sin embargo, un dato interesante es que a pesar de la crisis y los recortes de las administraciones no ha caído el volumen de presupuesto que gestionan. Se mantiene en el 2,8% del PIB porque han aumento las donaciones y patrocinios. Es decir, se está dando una transferencia voluntaria de recursos, sobre todo hacia las grandes entidades y aquellas no tan grandes pero reconocidas y con prestigio en el territorio. Supone un reconocimiento de la labor irreemplazable que realiza el tercer sector como garante de la ayuda mutua y de la cohesión social.

El exmadridista Álvaro Arbeloa volvió a acordarse de Gerard Piqué