El Supremo rechaza que las autonomías puedan repartir el 0,7% del IRPF como pide la Generalitat

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto fin a la larga guerra judical abierta por la Generalitat contra el reparto estatal de los fondos provenientes del 0,7% del IRPF de la oenegés. Los magistrados consideran que la distribución la debe seguir llevando a cabo la Administración Central y rechazan el recurso del ejecutivo catalán que lo consideraba "una irrupción del Estado en las competencias autonómicas" de asistencia social.

El Supremo concluye en el fallo que la atribución de fondos para atender cuestiones de asistencia social "hace referencia a todas aquellas actividades tendentes a atender estados de carencia o necesidad que no tienen cobertura mediante otros títulos específicos" y cree que tiene "un carácter subsidiario" o "complementario" a las competencias autonómicas.

Además, subraya que el requisito de supraterritorialidad que establece la regulación de las ayudas refuerza el hecho de que los fines que se persiguen con dichas ayudas "no pueden alcanzarse adecuadamente en el estricto ámbito autonómico".

PROTESTA DEL GOVERN

Tras conocer el veredicto, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha los trámites para hacer pública "la nueva convocatoria de subvenciones lo antes posible". El departamento que dirige Alfonso Alonso ha mostrado su satifacción por una sentencia que "permitirá a la Administración General del Estado mantener el apoyo económico a programas que benefician cada año a más de 6 millones de personas". Este año se repartirán 231,29 millones de euros, unos 10 millones más que en 2015.

El Govern, por su parte, ha reaccionado criticando con dureza la sentencia, a la que considera otro movimiento "recentralizador del Estado".  La Conselleria de Treball lamenta en un comunicado que "después de 13 sentencias favorables" a la gestión territorial del 0,7% del IRPF, el Supremo rompa ahora "con la jurisprudencia consolidada" y ha falle a favor del Estado. 

El departamento que encabeza Dolors Bassa considera que el Gobierno central "hace una convocatoria-trampa" para favorecer "su estrategia recentralizadora de siempre". Se trata de un auténtico espolio social que solo se resolverá disponiendo de un Estado propio", añade el comunicado. La conselleria estudiará todas las vías de impugnación posibles.

DIVISIÓN EN LAS ENTIDADES

Las entidades del tercer sector se ha mostrado divividas. La coordinadora de ámbito estatal se ha mostrado muy satisfecha. "Por primera vez los tribunales nos han dado la razón, nos dice que las organizaciones podemos hacer nuestras actividades y que independientemente de donde nazca una persona, tiene que tener los mismos derechos", ha valorado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

La Taula del Tercer Sector de Catalunya, en cambio, ha calificado de "inadmisible" porque, sostiene, deja fuera del reparto a las entidades que tienen un ámbito local o autónomico. Según su versión, en Catalunya se dejarían de recibir unos 13 millones de euros que corresponderían a unas 60 entidades.

La Taula ha lamentado que la sentencia contradice a las 13 sentencias anteriores del TS y el Tribunal Constitucional que daban la razón a la Generalitat y reconocían y respetaban el marco competencial, y que "ahora quedan sin valor" También ha recordado que Catalunya es la Comunidad Autónoma que más aporta a este fondo anual, hasta un 25%.