Pederastia subvencionada

En el escándalo de pederastia de los Maristas, conviene no perder de vista algunos datos y cifras. Dos meses después de que EL PERIÓDICO desvelara el caso, unos 40 exalumnos y alumnos de varias escuelas de esta orden religiosa en Catalunya han denunciado a diez profesores y un monitor por delitos sexuales cometidos contra niños de 7 a 16 años. Tocamientos, masturbaciones, felaciones, violaciones: es preciso tener claro de qué estamos hablando. También es pertinente subrayar un dato anterior: la edad de las víctimas.

Tres de los maestros acusados han confesado en este tiempo sus delitos: dos de ellos en sendas entrevistas con reporteros de este diario y el tercero en una conversación grabada por una de sus víctimas. Las agresiones sexuales fueron cometidas con total impunidad durante décadas, al menos desde los años 70, al amparo de la orden religiosa, que tapó de forma sistemática la actividad de los depredadores de niños. Cuando llegaba una queja, con frecuencia se intentaba desacreditar al menor: imaginaciones, un malentendido, quizá mala fe, ya se sabe, estos niños... Si la protesta persistía, se disuadía a la familia de denunciar y se trasladaba al pederasta a otro colegio. Allí podría comenzar de nuevo con sus fechorías. Uno de ellos, incluso, regresó ascendido a subdirector a la escuela de la que había tenido que esfumarse unos años atrás.

Hasta el 2011, los Maristas no llevaron ante la justicia a un miembro de su nutrido elenco de docentes pederastas. Fue la primera y única vez.

AMPARO

Estos son los datos conocidos hasta la fecha. Y conviene no perderlos de vista porque de ellos se desprende que no nos encontramos ante un hecho delictivo aislado o individual, mucho menos trivial o anecdótico. Los delitos cometidos son muy graves y continuados en el tiempo; los delincuentes, numerosos; las víctimas, que habían sido encomendadas al magisterio y el cuidado de los verdugos, aún más. Y nada de todo ello habría podido cobrar tales dimensiones sin el amparo que los pederastas obtuvieron durante décadas en la organización educativa en la que trabajaban y delinquían.

Es pertinente acudir a estos datos y cifras porque, con las denuncias que ahora mismo hay en los juzgados, solo Benítez y el monitor acabarán sentados en el banquillo. Los demás delincuentes se saldrán de rositas: sus crímenes están prescritos por antigüedad. Quizá ni siquiera lleguen a ser interrogados por el juez, tampoco los que ya han confesado sus fechorías.

¿Y LA GENERALITAT?

Volatilizada la responsabilidad penal en la gran mayoría de los casos, queda exigir, por supuesto, la responsabilidad civil de la orden religiosa en cuyos colegios se cometieron los crímenes y que en su momento deberá indemnizar a los damnificados.

Pero aún hay una tercera responsabilidad, llamémosle social. Las escuelas de los Maristas son privadas, aunque se financian con recursos públicos merced a un concierto educativo con la Generalitat. Es decir, buena parte de los sueldos de los docentes pederastas y del presupuesto de la organización que les brindaba amparo salía del erario. ¿Qué ha hecho, está haciendo o hará el Gobierno catalán al respecto?