Sospechosos (según Mena)

Son las cuatro de la tarde y una veintena de personas aguantan estoicamente el sol ante el número 156 de la calle de Sepúlveda, en Barcelona. Es una oficina de Treball. Están allí citadas por la Conselleria de Empresa i Ocupació. Es uno de los cinco centros de Catalunya donde se determina la suerte de aproximadamente 20.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) de los que el departamento que dirige Francesc Xavier Mena sospecha que están cometiendo fraude. Para salir de dudas, les entrevista. A esta tarea se han sumado unas decenas de administrativos contratados para la ocasión a la empresa de trabajo temporal Randstad, aunque desde la Administración catalana se aseguró tener personal suficiente para realizar las entrevistas.

La presencia de periodistas no es acogida con gusto por algunos de los beneficiarios de la RMI que esperan su turno. Se saben en el punto de mira, sospechosos a ojos de la Generalitat y, según ellos, también para la sociedad. Por eso su actitud al ver una cámara de televisión o de fotografía va desde el recelo a la agresividad.

«Nos están criminalizando»

Afortunadamente no todos esquivan las preguntas. Alguno incluso acude a nosotros para poder dar su opinión:«Lo que está haciendo la Generalitat no tiene nombre. Nos están criminalizando. Bastante duro es tener que sobrevivir de esta forma como para que nos traten como delincuentes»,afirma Pedro Rabasco. Está bien que controlen, pero que no fastidien a la gente, añade. A pesar de su malestar por la situación se muestra esperanzado con mantener el ingreso el próximo mes. En esa línea se muestra también Juan Santiago:«Si es para evitar el fraude, y no me perjudica a mí, veo bien el control». En general, esa es la tónica dominante en los beneficiarios de la RMI. Las ocho personas preguntadas por EL PERIÓDICO sienten que están cumpliendo un trámite, pero que la cosa no va con ellos.«No tengo motivos para preocuparme»,sentencia Mónica Mesa.

Cuestión de supervivencia

En lo que que todos los entrevistados se ponen de acuerdo es en la dificultad de llegar a final de mes.«Imposible. Tengo 300 euros de ingresos, y el alquiler son 450», lamenta Luisa Marín. En esa circunstancia la familia es el último flotador que queda. La propia Luisa es uno de esos ejemplos:«Mi madre nos da dinero cada mes, pero ya está harta ».«Cuando se acaba el dinero comemos en casa de mi madre», comenta Isidro Gómez. Si la situación ya es de por sí complicada, el inicio del curso escolar provoca quebraderos de cabeza a los que son padres, como Thais Rodriguez:«Son muchos gastos: colegio, ropa...».

Mena señaló con dedo acusador a los inmigrantes. Y entre los propios beneficiarios hay quien comparte su tesis.«No es justo que gente que vive fuera esté cobrando. Con esto de que se hace por transferencia, la sacan desde sus países», suelta Juan Santiago. Sin embargo, no son los extranjeros el colectivo más numeroso que se observa ante la oficina. Pero ellos se sienten en el punto de mira. No quieren hacer declaraciones, y cuando acceden hablar se niegan a ser retratados. No es el caso de Abdusallah Megouni:«Soy marroquí nacionalizado español. Tengo hipoteca y no he cambiado de piso. Puedo demostrarlo».

La serenidad se vuelve temor ante la posibilidad de ser excluidos del pago de septiembre:«Automáticamente iría a la calle, me tocaría mendigar o algo peor, pero hay que sobrevivir», afirma Pedro Rabasco.«Tendría que irme a Ciudad Real, con mis padres»,argumenta Julia Paz.«Estoy tranquilo pero ellos mandan»,comenta resignado Abdusallah Megouni.