Sor María, la religiosa imputada por haber participado supuestamente en el robo de una niña en una clínica madrileña en 1982, será investigada por la sustracción de otro bebé en 1978. La Audiencia de Madrid ordenó ayer la continuación de esta nueva causa al considerar que el robo de niños es un delito permanente que no prescribe.

Sor María sale de un juzgado de Madrid tras negarse a declarar, en abril. AFP / PEDRO ARMESTRE

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Información publicada en la página 35 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 05 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Los hechos se remontan al 26 de mayo de 1978, cuando Felisa Tomico ingresó en la Casa de la Madre, sita en la calle de Goya de Madrid. Tras un embarazo normal dio a luz de forma espontánea. Dos horas más tarde del alumbramiento, «una monja llamada sor María» comunicó al padre que el recién nacido había fallecido y convenció a los progenitores de que «no vieran el cadáver».

Además, según la Audiencia de Madrid, se produjeron otras irregularidades en este caso como «deficiencias en la licencia de enterramiento y en la data del embarazo» al decirse que era de ocho meses y medio cuando había cumplido los nueve. El tribunal subraya que en «una habitación inmediata» se encontraba un «matrimoinio atento a la evolución del embarazo». Este hecho hace sospechar a los togados de «la existencia de una sustracción del recién nacido y la entrega a terceros».

PARADERO DESCONOCIDO / En opinión de los jueces, el robo de niños por «terceros ajenos al núcleo familiar» es un delito de carácter permanente porque todavía «no se tiene conocimiento del paradero ni de la identidad actual del menor», ya que fue «separado de sus familiares biológicos en contra de la voluntad de estos». El tribunal también destaca que, en este caso, no existe constancia de que «la persona sustraída, ya mayor de edad, tenga conocimiento de su identidad biológica y, por tanto, pueda decidir».

La Audiencia de Madrid también mantiene vivos los delitos que se cometieron para legalizar esta sustracción como falsedad y alteración de paternidad. En la resolución explica que para dotar al bebé robado de una nueva identidad se han podido realizar actuaciones como «falsificación de certificados y registros de nacimiento y defunción, y atribución de parto a quien no la ha tenido», es decir, «una modificación de la realidad biológica» para mantener «en el tiempo la situación de detención».

EL PRECEDENTE / El archivo de esta causa fue acordado por el magistrado Adolfo Carretero, que es el mismo togado que investiga a sor María, de 87 años, por el robo de Pilar Alcalde en 1982. Esta mujer descubrió su verdadera identidad al encontrar a su madre biológica, María Luisa Torres, a la que supuestamente le quitaron a su hija en la clínica Santa Cristina de Madrid porque el padre no era su marido. La religiosa compareció ante el juez el pasado mes de abril, pero rehusó a declarar y luego hizo público un comunicado en el que negó su relación con estos hechos.

A pesar de ello, Carretero continúa practicando diligencias y en los próximos días interrogará a más testigos, 17 de ellos médicos, para que aclaren estos hechos.