Solo 50 catalanes se han acogido al decreto de pobreza energética

La Alianza contra la Pobreza Energética, que aglutina a numerosas federaciones vecinales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y diversas entidades sociales, ha deplorado este miércoles que "solo 50 personas", según cálculos internos, se han acogido al decreto de pobreza energética aprobado por el Govern para evitar cortes de suministros básicos a personas en situación de vulnerabilidad, ha señalado la portavoz María Campuzano.

En un acto ante el Síndic de Greuges y cerca del Parlament, coincidiendo con el pleno sobre la pobreza y la desigualdad que celebra la Cámara catalana, Campuzano ha criticado que el decreto no ha frenado los cortes de agua, luz y gas a personas en situación vulnerable, y ha tachado el acuerdo de "insulto a la inteligencia e insuficiente", porque impide que la mayoría de personas necesitadas puedan acogerse a él.

Acompañada de cuatro personas afectadas por este problema, la portavoz ha juzgado de "complejo y absurdo" el decreto catalán, que proponía una tregua invernal a este colectivo, para dejar de pagar las facturas los meses de más frío, pero que expira este 31 de marzo, con la obligación de abonar los impagos anteriores.

Facturas para ayuntamientos o Generalitat

En nombre del colectivo, ha anunciado la presentación de mociones en todos los ayuntamientos catalanes --han admitido que el de Barcelona ya se ha puesto las pilas en este sentido-- para blindar el derecho de los usuarios de mantener los suministros básicos con el fin de tener unas condiciones de vida dignas, y que sean los consistorios --en última instancia-- los que se hagan cargo de las facturas o la Generalitat, en su defecto.

En la moción, proponen una condonación de la deuda de estas familias, bonificaciones para aquellas que se encuentren bajo el umbral de la pobreza, y que se tenga en cuenta el principio de precaución antes de cortar un servicio de este tipo para evitar el "peregrinaje brutal" al que se ven sometidos los afectados.

Casos recogidos

A falta de cifras oficiales, la Alianza contra la Pobreza Energética ha recogido en solo una semana 22 casos de personas a las que no se ha informado y no han podido acogerse a la tregua promulgada por el Govern, como es el caso de María y Fran, una pareja joven que tiene tres hijos --de 5, 9 y 10 años--, que cobra 426 euros en total, y que desde octubre no puede hacer frente a los pagos y está a punto de sufrir el corte de suministros porque ha escogido priorizar la alimentación.

Fran era un autónomo de la industria metalúrgica que, como consecuencia de la crisis, perdió el negocio que lideraba, mientras que Rafael, un hombre de 63 años de Mollet del Vallès y problemas para pagar la hipoteca, ha criticado que sufrió un corte de la luz en pleno mes de febrero, cuando la compañía eléctrica se le llevó el contador, ha explicado. Ahora le obligan a instalar un nuevo contador en nombre de una normativa interna de la empresa que cuesta 1.000 euros y que, gracias a la mediación de la PAH, le cuesta 713 euros, lo que es una suma ingente, que ha considerado injusta.

Una situación similar es la que ha explicado José López, que tiene una hija diabética de 8 años y que necesita la nevera para guardar la insulina de su pequeña; todos han recalcado que ante esta situación deben escoger si pagar la hipoteca, alimentarse o pagar los suministros básicos, porque todo es imposible.