«Supongo que forma parte de la propia condición humana, que el acoso existe desde que el hombre vive en sociedad, que le toca a quien le toca...». A Sandra se le entrecorta la voz. Madre de una menor que hace dos años fue víctima de bullying, le ha dado vueltas y vueltas al asunto. «¿Cuándo nos equivocamos? ¿Por qué decidimos que Z. fuera a ese instituto y no a otro?...» Preguntas y más preguntas. «Sí, muchas preguntas, pero pocas respuestas», apostilla Salvador, padre de la niña. La pareja, que lleva un año y medio esperando a que la Fiscalía de Menores de Barcelona se pronuncie sobre su caso, llegó a presentar hasta cuatro denuncias ante los Mossos d'Esquadra de Mataró (Maresme) contra el presunto acosador de su hija, que entonces tenía 14 años.

Salvador, padre de Z., muestra la documentación sobre el caso de acoso a su hija. ANNA MAS

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Información publicada en la página 24 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 20 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

De la historia de Z. prefieren no revelar demasiados detalles. Basta saber que está recibiendo actualmente tratamiento psiquiátrico, que ha cambiado de instituto y que, poco a poco, va recuperando su vida. Una vida, eso sí, completamente nueva, lejos de sus antiguos amigos. El denunciado, repetidor y por tanto mayor que Z., había llegado a medio curso al instituto y «se hicieron amigos». Cuando la niña quiso poner fin a la relación, él continuó chantajeándola diciéndole que iba a colgar en internet fotos comprometedoras. Y llegó a agredirla.

En contra de lo esperado, la dirección del instituto optó por el silencio, eludiendo las peticiones de los padres y de la psiquiatra que atiende a Z.. Y pese a que, como todos los colegios públicos catalanes, cuenta con un protocolo de actuación frente a conflictos graves con el alumnado, la única solución que se ofreció a la familia fue «cambiarla de instituto». «Nosotros consideramos que no era Z. la que tenía que marcharse. Pedimos que trasladaran al chico a otra clase, pero incluso a eso se negaron», denuncia el progenitor.

Negación del problema

«La vergüenza no es que haya casos de acoso, la vergüenza es que no se reconozca que eso está ocurriendo. Si no admitimos que hay un problema, difícilmente abordaremos la solución», advierte Salvador. Su gran queja, agrega Sandra, es que «nadie, excepto la tutora, que fue la única persona a la que tuvimos acceso, ha dado una explicación: ni la Conselleria d'Ensenyament ni la propia Irene Rigau han respondido nunca a los escritos que les hemos mandado».

«El cambio de centro de la víctima es lamentablemente la salida más habitual en estos casos», confirma Cristina Ramírez Roa, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universitat de Barcelona. En su opinión, «minimizar las quejas de los alumnos o de sus familias, como hacen muchos colegios, es todo un error: el conflicto hay que afrontarlo cuanto antes mejor para evitar, precisamente, que vaya a más».

Ensenyament asegura que «todos los centros disponen de unas carpetas, tanto para primaria como para secundaria, en las que se ofrecen herramientas para el diagnóstico y la actuación en caso de acoso escolar». «Y hay centros que han incorporado este material en sus propias normas de organización y funcionamiento», agrega una portavoz del departamento.

«Sí, sí, el protocolo existe, eso no lo negamos, pero otra cosa es que en la práctica se aplique», objeta Salvador. «Además, tal y como están redactados esos protocolos, las víctimas se encuentran desasistidas, ya que solo se prevén medidas para los acosadores», señala su esposa. La ley de educación de Catalunya (LEC), que en sus artículos 33, 36 y 37 establece qué conductas se consideran «gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro», solo se extiende a la hora de fijar las medidas correctoras y sanciones que se aplicarán a los autores de esas acciones, pero no explicita qué asistencia se debe prestar, dentro de la escuela, a las víctimas de bullying. El texto se limita a decir que Ensenyament debe «prevenir las situaciones de acoso escolar y afrontarlas de manera inmediata, y asegurar a los afectados la asistencia adecuada y la protección necesaria para garantizar su intimidad».