El Síndic de Greuges de Catalunya ha tramitado en los últimos tres años hasta 60 expedientes de ciudadanos que denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de preinscripción escolar, la mayoría por empadronamientos ficticios cometidos en la provincia de Barcelona. El grueso de las quejas, un total de 37, llegaron en el 2011, un año en que la demanda de plazas para cursar P3 fue especialmente elevada como consecuencia de la natalidad registrada en el 2008. Este 2012, en cambio, el Síndic solo ha abierto seis investigaciones, dado que la oferta y la demanda de plazas escolares han sido más ajustadas. También la Generalitat asegura que las incidencias durante la preinscripción de este año han sido mínimas. «Ha mejorado el grado de satisfacción en la asignación de plazas y se han reducido las asignaciones de oficio», afirma la Conselleria d'Ensenyament.

Alumnos de la escuela de los Maristes de Badalona, a la que llegaron quejas por irregularidades en el 2007. danny caminal

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 23 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 15 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Tras la controversia generada por el anuncio del departamento que dirige Irene Rigau de que facilitará datos personales de alumnos (el nombre y el domicilio) a las familias que consideren que sus derechos a la hora de escoger colegio se han visto vulnerados por un posible fraude, Ensenyament quiso insistir ayer en que lo que ha hecho no es más que adaptar «la ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas». De este modo, «todo ciudadano que participe en un procedimiento administrativo tiene derecho a acceder a los datos de ese expediente», explica Meritxell Ruiz, directora de Atención a la Familia y la Comunidad Educativa.

Tras admitir que, efectivamente, «la transparencia debe primar ante todo» y que la Generalitat «tenía la obligación de ajustarse a la ley desde hace ya un tiempo», el adjunto al Síndic de Greuges, Jordi Sànchez, observó que, pese a todo, «una cosa no quita la otra». «Ensenyament ha de aplicar la ley, pero la responsabilidad de prevenir, analizar datos y corregir fraudes sigue siendo suya y no puede traspasarla a los ciudadanos», dijo.