El Síndic insta al Parlament a llevar al TC el decreto sobre Castor

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha instado este lunes al Parlament a llevar al Tribunal Constitucional (TC) el Real decreto ley que ha permitido la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria del almacén de gas Castor que deberán pagar los usuarios en la factura del gas de los próximos 30 años. 

Ribó ha presentado el informe sobre el proyecto Castor en comisión parlamentaria, donde ha pedido a los diputados catalanes que "estudien seriamente un recurso de inconstitucionalidad" antes de que el 3 de enero venza el plazo.

Ha celebrado que el Govern ya haya solicitado al Consell de Garanties Estatutàries que estudie la constitucionalidad del decreto, que es el paso previo a la impugnación, y ha explicado que la Defensora del Pueblo ha requerido información al Ministerio de Industria para valorar la interposición de un recurso.

Todos los grupos se han mostrado partidarios de que se presente un recurso ante el TC una vez haya el dictamen del Consell, a excepción del PP, que ha defendido que era la "mejor decisión que se podía encontrar" y ha culpado al Gobierno del PSOE de ser responsable del despilfarro que supuso el almacén de gas, que ha calificado de herencia envenenada.

En declaraciones a los medios, el Síndic se ha mostrado partidario de que haya el máximo número de recursos porque el decreto perjudica a miles de personas, no solo a los afectados por los terremotos, sino también a todos los usuarios de gas: "Debería haber tantos recursos como comunidades que crean necesario defender a sus consumidores y contribuyentes".

Los grupos no han especificado si intentarán interponer un recurso  (se necesitan 50 diputados) o se adherirán a la impugnación de la Generalitat, lo que se debería votar en el pleno del Parlamento, ha detallado Ribó, quien ha abogado por que en Catalunya el recurso "sea doble" para añadir nuevos argumentos .

"INSULTO INSTITUCIOANL"

El Síndic ha calificado de "insulto institucional" que la administración pague a 32 días esta indemnización, cuando las cámaras legislativas están debatiendo presupuestos con recortes y sin que el Gobierno central haya comprobado si se dieron las condiciones a las que se comprometió la empresa para poder cobrar esta cantidad.

Ha expresado que la indemnización es equivalente a lo que cuesta la educación pública en Catalunya durante un año y casi el presupuesto que el Gobierno central destina anualmente a defensa.

También ha pedido a los grupos parlamentarios que exijan como un clamor toda información al Estado sobre Castor, que sufre "de una opacidad muy importante", lo que aún hace más escandalosa la indemnización y la celeridad con la que se ha pagado.