El Síndic exige más ayuda escolar contra el maltrato infantil

Un alumno observa a sus compañeros en el patio de un instituto de Barcelona.

Un alumno observa a sus compañeros en el patio de un instituto de Barcelona.

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / TONI SUST / BARCELONA

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Pese a los «avances logrados en los últimos tiempos» (léase la mejora del sistema de becas de comedor escolar), «las políticas para garantizar los derechos de los menores siguen registrando carencias». Lo dice el informe anual sobre infancia presentado ayer por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ante el Parlament, en el que denuncia que «la pobreza infantil continúa, incluso aumenta, pero las inversiones para paliarla no se han incrementado». El año pasado, el Síndic recibió 2.189 quejas referentes a la infancia, casi el 25% del total de reclamaciones recibidas.

MALTRATO INVISIBLE

Más formación para maestros y monitores

Cada año se detectan más de 800 nuevos casos de menores que son víctimas de malos tratos en Catalu-nya. Y muchos de ellos salen a la luz gracias a la intervención de los servicios sanitarios o por expedientes policiales. Este año, según datos de la Generalitat, hay 4.538 menores que viven separados de sus familias, como medida de protección. «Algo falla cuando todavía se escapan casos, porque los maestros, los monitores de ocio o los asistentes sociales no tienen suficiente formación como para detectar una situación de maltrato infantil», denuncia Ribó. Los niños de familias más desfavorecidas son los que más ven conculcados este derecho.

RENTA MÍNIMA

Por una nueva ayuda supeditada a la renta

El riesgo de pobreza infantil roza el 30% en Catalunya y dicen los expertos que los niños marcados por la pobreza corren un riesgo serio de ver afectado su futuro por esta situación. El Síndic denunció con motivo de la reforma/recorte de la renta mínima de inserción por parte del Govern de Artur Mas, que tuvo lugar en el 2011, que junto con los titulares de la ayuda que se quedaron sin ella vivían 10.000 niños (menores de 16 años) que, por lo tanto, eran beneficiarios de la prestación. Ribó reclama hace tiempo el desbloqueo de la RMI. En su informe denuncia una de las herencias de la reforma: dejar fuera de la RMI al perfil del desempleado. Para acceder a la prestación hay que demostrar una dificultad social añadida. Ello, dice el Síndic, se traduce en que familias en una situación de vulnerabilidad grave son rechazadas. Junto con los déficits de la prestación, Ribó da cuenta de que tras mutilar su presupuesto el Govern lo volvió a aumentar a partir de octubre del 2013. En junio pasado, a causa del aumento del presupuesto, unos 4.000 niños ingresaron en el antiguo Pirmi como beneficiarios. Para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, Ribó propone una prestación específica vinculada a renta para familias con hijos.

ACOGIDA

130 niños esperaban familia en septiembre

Ribó denuncia la escasa adecuación de los recursos del sistema de protección de la infancia a las necesidades de esta y constata algo que el Govern denuncia hace tiempo: la acogida a menores por parte de familias ajenas es insuficiente. Paralelamente, en los últimos 10 años la ubicación de menores en centros residenciales ha aumentado: estos centros han pasado de albergar en el 2002 al 30,8% de los menores que están en el sistema de acogida familiar y residencial, al 38,5% este año. En el mismo periodo, del 2002 al 2014, la acogida por parte de familias ajenas ha aumentado en porcentaje: del 7,9% al 13,5%. Pero sigue siendo poco. El Síndic habla de una «falta estructural» de familias acogedoras. De 272 familias acogedoras en Catalunya en el 2000 se ha pasado a 622 en el 2014. En septiembre pasado había 138 niños esperando un acogimiento familiar.

ESCUELA INCLUSIVA

Un plan estratégico que tarda en llegar

Pese a que la ley de educación de Catalunya (LEC) apuesta de forma clara y explícita por una escuela catalana inclusiva, la Generalitat apenas ha avanzado en «la inclusión de los menores con discapacidad en las escuelas ordinarias», denuncia el Síndic. Se han hecho reformas en algunos centros, sí, como el ascensor que se está instalando en el colegio Baldiri i Reixac de Badalona, donde estudia una alumna que se mueve en silla de ruedas. Pero, en opinión de Ribó, la accesibilidad no está aún garantizada en todas partes.

Tampoco se ha trabajado lo suficiente en términos de acceso. El curso 2012-2013 fue «el primero en que, después de muchos años, el número de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centros ordinarios decreció respecto de los alumnos escolarizados en centros de educación especial», denuncia Ribó. De hecho, las familias con niños con discapacidad vienen denunciando desde hace unos meses que «la escuela inclusiva ha dejado de ser una prioridad para de la Conselleria d'Ensenyament», lamentaban recientemente. La conselleria, insisten, tendría que haber presentado ya un plan estratégico, como le ordenó el Parlament en abril.

SEGREGACIÓN ESCOLAR

Nuevo sistema para entrar en la escuela

El Síndic también denuncia en su informe «la falta de equidad del sistema educativo», que «no es capaz de corregir las desigualdades sociales del origen de los menores», por lo que reclama «un nuevo decreto que regule la admisión de alumnos de forma que se combata la aún persistente segregación escolar». En esencia, lo que el Síndic considera más injusto es el criterio de desempate (implantado por el actual Govern), por el que el hecho de ser hijo de un exalumno da puntos al niño que aspira a ingresar en un colegio determinado. El informe constata que el curso 2011-2012 hubo 20 escuelas y 8 institutos con más del 70% de alumnado extranjero, y 78 centros de educación infantil y primaria y 37 de secundaria con más del 50%.

SALUD MENTAL

Objetivo: ampliar la saturada red pública

El Síndic denuncia una doble red en la atención médica por problemas de salud mental. Una doble red sin secreto alguno: los padres con recursos pueden tratar a sus hijos en la sanidad privada, mientras que la red pública sufre de saturación, aumentada por la crisis. Según la Enquesta de Salut de Catalunya, entre el 2010 y el 2013 se aprecia una mayor probabilidad de sufrir un trastorno mental. El informe denuncia la saturación de la oferta pública en salud mental infantil y recomienda aumentarla.