Si en algo hay un absoluto acuerdo entre pedagogos, educadores, maestros... «y entre todos aquellos que tienen algo que ver con la educación es que no hay nada peor que la inconstancia», avisa, ya de entrada, Ismael Palacín, director de la reputada Fundació Jaume Bofill, promotora de estudios e investigaciones en el ámbito educativo. La observación la hace Palacín después de haberle preguntado qué le parece, desde el punto de vista pedagógico, la nueva reforma de la ley de educación presentada ayer por el ministro José Ignacio Wert. «La ultrapolitización que ha habido en los últimos años de la educación, los cambios que ha aplicado cada gobierno, hacen inevaluable cualquier modificación. Sencillamente, porque no ha habido tiempo para comprobar su éxito», prosigue el experto.

Primer día de clase de este curso en la escuela Parc del Guinardó de Barcelona. RICARD CUGAT

Alumnos en un cole de BCN. RICARD CUGAT

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Enric Roca, vicedecano de la facultad de Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), le avala. «Cualquier sistema educativo rechaza la inestabilidad, las idas y venidas», sostiene. Y Francesc Imbernón, catedrático de Didáctica y Organización Educativa en la Universitat de Barcelona (UB) lo acaba de corroborar. «A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde hay una ley base a la que se van incorporando innovaciones, aquí no dan tiempo a ver si los cambios introducidos funcionan», lamenta.

Inestabilidad

Queda claro, pues: la futura ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), la séptima desde la instauración de la democracia, es, al margen de sus aciertos y sus desaciertos, una ley que vuelve a cambiar un sistema que nunca ha llegado a tener estabilidad debido a las continuas reformas y contrarreformas que aborda cada Gobierno al llegar al poder. Una ley que tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los estudiantes, reducir el dramático 30% actual de fracaso escolar y garantizar un futuro a quienes terminan la educación obligatoria. Otra cosa es, evidentemente, que la reforma busque un rédito político, algo que el ministro ayer negó. «Ninguna de las medidas propuestas obedece a una base científica», se lamentaba sin embargo Ismael Palacín.

«Para mantener la calidad educativa habría bastado con introducir alguna reforma puntual en la ley en vigor, la LOE», insiste Imbernón. «Y es que una cosa es una reforma educativa, como esta, que aplica criterios meramente ideológicos, y otra muy distinta es la reforma de la educación, que nunca se ha acabado de abordar y para la que haría falta un gran consenso político», advierte el profesor de la UB. «Gobernar a golpe de ideología desvía la atención del problema real, que es combatir el abandono escolar prematuro», reprocha Palacín.

«Para mejorar el éxito escolar no es necesario recentralizar competencias», insistía ayer la 'consellera' d'Ensenyament, Irene Rigau, en una entrevista a Catalunya Ràdio. «Hemos de compartir objetivos de mejora, pero para eso no hace falta perder potestades que el Estatut dice que forman parte de las competencias de a Generalitat», lamentó Rigau. También desde un punto pedagógico, la recentralización es contraproducente. «Es una invasión de competencias clarísima y eso perturba enormemente el sistema, que debería basarse, justamente, en la descentralización, en la delegación de competencias en manos de quienes conocen mejor los problemas y la realidad de cada escuela», critica Roca.

La invasión de competencias no solo afecta a las comunidades autónomas, también los consejos escolares quedan relegados a un papel testimonial, «cuando lo que hay que hacer es incentivar más la participación de las familias, ya que son copartícipes de la educación de sus hijos», opina Imbernón.

Precipitada

«El gran defecto de las leyes educativas que se han aprobado hasta ahora ha sido el mismo: las medidas que se proponen no han contado con suficiente acompañamiento presupuestario», agrega Roca. La ambiciosa reforma de la formación profesional (FP), que el propio ministro reconoció ayer que precisará de unos 300 millones de euros cuando esté plenamente en marcha en el 2016, puede acabar teniendo el efecto contrario al deseado, «si los chicos que son orientados hacia ese itinerario acaban entrando en una vía muerta», avisa el director de la Fundació Jaume Bofill.

Además, añade Imbernón, hay que andarse con cuidado «con una segregación tan temprana de los estudiantes, porque eso puede ser peligrosa, generar muchos problemas, si la salida que se ofrece no les estimula a seguir en el sistema». Y en cuanto a las reválidas, «todo el mundo coincide en que no son evaluaciones externas, sino que solo sirven para separar aún más a los estudiantes», objeta Palacín.