Seis oenegés advierten a Gallardón del rechazo europeo a su ley del aborto

Seis organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos humanos o de la salud sexual y reproductiva, entre ellas Human Rights Watch (HRW), subrayan que el anteproyecto de ley del aborto apadrinado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, supone una "intromisión ilegítima" en los derechos de las mujeres y un descuelgue respecto al resto de Europa, por lo que le instan a que lo retire y protega el acceso de las mujeres al "aborto legal y seguro".

Así consta en una carta enviada el pasado viernes, 9 de mayo, a Gallardón, firmada por HRW, Alianza por la Solidaridad; el Centro de Derechos Reproductivos; EuroNGOs, la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y Rights International Spain (RIS). 

La carta, hecha pública este lunes, califican el anteproyecto de ley como "grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", y señalan que, de aprobarse los cambios propuestos en la ley Gallardón, España "quedaría descolgada de la amplia mayoría de los Estados miembro de la UE, que permiten el aborto sin restricciones relativas al motivo, y expondría a España al rechazo de organismos de derechos humanos internacionales y europeos".

Violación de los derechos humanos

Así, recalcan que el proyecto legislativo "negaría a mujeres y jóvenes en España su derecho a tomar decisiones independientes acerca de su salud sexual y reproductiva, y podría poner gravemente en riesgo el cumplimiento de otros derechos fundamentales", y añaden que "la experiencia de otros países europeos" demuestra que las restricciones al aborto, como las que propone el anteproyecto de ley, terminan generando "importantes obstáculos" y suponen "una clara violación de derechos humanos de las mujeres".

Además, recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que las leyes restrictivas sobre aborto pueden constituir un trato inhumano y degradante, y que la propuesta de Gallardón conllevaría "una intromisión ilegítima en el ejercicio de un amplio espectro de derechos de la mujer", por lo que le instaron "respetuosamente a abandonar el anteproyecto".

En este sentido, indican que las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el disfrute y el ejercicio efectivo de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante.

Plazo menor que en el resto de Europa

Apostillan que órganos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud han expresado su preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos clandestinos y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y jóvenes.

Las oenegés explican que la actual legislación española, similar a la de la mayoría de los países europeos, establece que las mujeres y las jóvenes tienen derecho a decidir interrumpir un embarazo hasta la 14 semana de gestación, en tanto que la ley Gallardón solamente permitiría practicar interrupciones voluntarias del embarazo cuando exista un riesgo para la salud física o mental de la mujer (hasta las 22 semanas) y en casos en que el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual (hasta las 12 semanas).

"En lugar de restringir el acceso al aborto, el Gobierno de España debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres tengan acceso gratuito, con toda la información necesaria, a servicios de aborto seguros y legales como un elemento del ejercicio de los derechos reproductivos y otros derechos humanos de las mujeres", concluye la carta.