El Periódico

Concierto Beatles

CARMEN TEIXIDÓ
ASOCIACIóN ARA O MAI

Sábado, 2 de junio del 2012

El movimiento contra el pago de peaje en las autopistas de los Països Catalans es una iniciativa espontánea, pero en realidad el problema va más allá de la propia autopista hasta convertirse en un símbolo del expolio a que nos somete el Estado español y muestra el agravio comparativo con otros territorios que disponen de vías gratuitas sin haber tenido que estar previamente decenas de años pagando peajes.

El movimiento contra los peajes #novullpagar no es un movimiento antisistema, en absoluto. La mayoría de quienes participan en él solo piden un trato justo al entender que los peajes ya están suficientemente amortizados, como demuestran los números de las concesionarias. Pero, en todo caso, muchas de estas personas estarían dispuestas a pagar un precio por utilizar el peaje si ese dinero revirtiera a las arcas catalanas y no a las de empresas privadas ni sirviera para financiar al resto del Estado.

El pago de peajes en las autopistas catalanas presenta unas particularidades que muestran que las empresas concesionarias que las gestionan, más que realizar una actividad comercial -que como cualquier otra también debería tener un riesgo de pérdidas-, tienen casi un seguro de beneficio sin límite. Habitualmente, en España los contratos de concesión se basan en modelos estandarizados y no en función de las variables de cada zona. Es decir, reflejan la incapacidad o la no voluntad de los interesados para estudiar previamente las condiciones que determinarán el resultado del negocio de concesión de acuerdo con la duración del contrato.

Dentro de esta dinámica, los precios del peaje se establecen al inicio de la concesión y se pueden actualizar cada año de acuerdo con la inflación. Sin embargo, las concesionarias disponen de mecanismos que permiten el aumento del precio si el tráfico ha sido inferior al previsto cuando se firmó el contrato, despreciando así recomendaciones como las del propio Banco Mundial.

Renegociaciones

Hay que considerar también que muchos de esos contratos -como el del tramo Tarragona-Valencia o el del Valencia-Alicante- han sido renegociados hasta nueve veces y que aunque el plazo de concesión fijado inicialmente era de 27 años posteriormente se ha alargado hasta 47 y 48, respectivamente. El tramo Barcelona-Tarragona se ha renegociado siete veces, y el Barcelona-La Jonquera, nueve, aunque el plazo máximo fijado para las concesiones era de 40 años. Pero estas prolongaciones de los contratos a menudo no especifican los motivos de la renegociación. En el citado tramo Barcelona-La Jonquera, solo en dos de las nueve renegociaciones se ha especificado el motivo de las mismas; en las otras siete, el motivo se desconoce. Lo mismo sucede en el trayecto Barcelona-Tarragona: solo en dos de las siete renegociaciones se adujo un motivo.

Es por todo ello que el movimiento contra el pago de peajes en nuestro país presenta argumentos legales, éticos, económicos y también identitarios que hacen que su mensaje sea comprensible y atractivo para una gran mayoría de los ciudadanos de Catalunya.

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