«Te felicito por no haber denunciado a un sacerdote a la administración civil. Lo has hecho bien y estoy encantado de tener un compañero en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los obispos del mundo, habría preferido la cárcel antes que denunciar a su hijo sacerdote». El fragmento pertenece a una misiva, enviada por el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, en el 2001, en un arrebato solidario, a un prelado francés al que acababan de castigar con tres meses de cárcel por no haber denunciado a un sacerdote de su diócesis condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de varios niños durante años.

Protestas 8Manifestación contra la visita de Benedicto XVI al Reino Unido, en Londres, en el 2010. AFP / CARL COURT

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Información publicada en la página 29 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 07 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Castrillón era hace 10 años ministro para el clero en el Vaticano y cuando la carta salió a la luz, en el 2010, en plena crisis por los escándalos de pederastia eclesial, alegó, en defensa propia, que antes de enviarla la sometió a la consideración de Juan Pablo II, que la aprobó.

«Fenómeno triste»

Una década después, la Iglesia ha cambiado de criterio. El fiscal del Vaticano, el arzobispo Charles Scicluna, se refería hace pocos días a la necesidad de que las diócesis presten su apoyo a las autoridades civiles en la lucha contra los casos de pederastia en unos términos inequívocos. «Se trata de un fenómeno muy triste, que no solo es pecado, sino también delito, y en cuanto delito está la justa jurisdicción del Estado y por ello está el deber de colaborar con la jurisdicción penal estatal», decía. Scicluna admitía, a renglón seguido, que durante años, a la hora de afrontar denuncias de pederastia, se impuso un «clima de silencio cómplice», aunque culpaba de ello a las iglesias locales. Obvió decir que las indicaciones que recibían de Roma permitían a los obispos ir por libre.

Entre la carta de Castrillón y las declaraciones del fiscal media una avalancha de denuncias que ha abierto una enorme vía de agua en la Iglesia católica, ante la que se ha visto obligada a echar lastre. El mayor fardo del que se ha desprendido es Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, protegido del Papa Wojtyla, al que el Vaticano califica ahora abiertamente de delincuente sexual.

El escándalo comenzó a cobrar una dimensión considerable en el 2002, en la diócesis de Boston, que tuvo que enfrentarse a una demanda que concluyó con un acuerdo extrajudicial que reportó unos 60 millones de dólares a las víctimas y la dimisión del cardenal de la diócesis, Bernard Law. Pero lejos de castigarle con el ostracismo, la Santa Sede envió el purpurado a Roma, donde disfrutó de un destino dorado como arcipreste de la basílica de Santa María la Mayor, e incluso fue uno de los elegidos para oficiar una de las misas en honor a Juan Pablo II tras a su muerte. Únicamente en EEUU, y hasta el año 2008, se han documentado más de 11.000 casos de abusos por parte de 4.400 sacerdotes y religiosos.

La alfombra se levantó a continuación en Irlanda, Bélgica y Alemania. En Irlanda, las víctimas se cuentan por decenas de miles. El Gobierno irlandés llegó a acusar directamente al Vaticano de encubrir los abusos, lo que provocó el relevo, en el 2010, del nuncio (embajador) de la Santa Sede en Dublín. La patria del Papa alemán tampoco ha escapado de los efectos de la crisis y desde comienzos del 2010 han aflorado centenares de abusos.

Presencia en los viajes

La controversia ha acabado salpicando los viajes de Ratzinger. Las protestas, los encuentros con representantes de las víctimas y las muestras de consternación del Papa por lo ocurrido han pasado a formar parte del paisaje de buena parte de los desplazamientos internacionales del Pontífice.