Sanidad rectifica y atenderá en los CAP a los simpapeles

Empleando casi los mismos argumentos, pero en sentido contrario, que utilizó en el 2012, cuando el Gobierno que preside Mariano Rajoy retiró la tarjeta sanitaria a 900.000 inmigrantes que viven en situación irregular en España, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció ayer que estudia devolver a ese colectivo el acceso al médico de familia que atiende en los centros de asistencia primaria (CAP). Se hará así, dijo Alonso, porque «no tiene sentido que por desatender a esas personas se cause un problema de salud pública, o se saturen los servicios de urgencias», área a la que no se les pudo vetar el acceso. En el 2012, cuando la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, hizo pública la decisión del Gobierno, Alonso afirmó: «No tiene sentido que a una persona en situación irregular, y que no paga impuestos, la tengan que invitar a sanidad pública el resto de españoles».

El ministro Alonso puntualizó que el cambio, anunciado a la agencia Efe de forma sucinta y pendiente de elaboración y discusión con los responsables de sanidad de las comunidades autónomas -el tema se debatirá en el Consejo Interterritorial de Salud- no implica que las personas sin documentación vayan a recuperar la tarjeta sanitaria oficial, ya que, reiteró, «de ninguna forma» esas personas podrán solicitar asistencia en el resto de Europa, como sí pueden hacer los españoles.

La supresión del derecho a la sanidad pública de los inmigrantes sin regularizar supuso, de facto, el fin de la asistencia sanitaria universal en España, instaurada en 1985. La medida no fue secundada por varias comunidades autónomas, que advirtieron del riesgo de causar problemas de salud pública si la acataban, y alegaron razones humanitarias para no hacerlo. Catalunya, País Vasco, Andalucía, Canarias y Asturias han mantenido el derecho a la sanidad pública a los inmigrantes irregulares. En Catalunya se encuentran en esa situación desde entonces unas 118.000 personas, que disponen de una credencial solo válida en los servicios catalanes.

Facilitar únicamente el acceso a la asistencia primaria implicará la imposibilidad de realizar las pruebas diagnósticas que solicitan los médicos de familia para conocer con precisión el estado del paciente. Tampoco permitirá acceder a los médicos especialistas, o a una cirugía, ni ingresar en un hospital, salvo si se recurre a urgencias.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fasdp) cuestionó, por todo ello, la eficacia de la medida de Alonso. «Es claramente insuficiente y tiene un tinte electoral claro», afirmó Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Fasdp. «Este anuncio supone el reconocimiento de que la exclusión de los inmigrantes de la sanidad pública fue una barbaridad», añadió.

El real decreto 16/2012, aprobado en abril de ese año, que puso fin al derecho a la sanidad pública de los simpapeles, tenía como objetivo disminuir el coste de la asistencia -España era, y sigue siendo, uno de los países con menor PIB sanitario de Europa- y frenar el contencioso generado con algunos países de la UE, que rehusaban atender a personas, enfermas o accidentadas, con credencial sanitaria española que no estaban adscritas a ninguna comunidad autónoma y por las que difícilmente recuperarían el coste de la asistencia. En la práctica, el ahorro conseguido por esta vía ha sido ínfimo, ya que los inmigrantes residentes en comunidades donde se les veta la asistencia han recurrido a las urgencias hospitalarias cuando lo han precisado. Las embarazadas y los niños han mantenido el derecho a todos los niveles asistenciales.

Poquísimas personas en esa situacián han acatado el recurso pseudoprivatizador, en forma de póliza, que Sanidad diseñó para ellas: acceder a los servicios sanitarios públicos les costaría 59,20 euros mensuales si son menoers de 65 años o bien 155,40 euros si superan esa edad. La póliza sigue en vigor.