Las oenegés que asesoran a los inmigrantes en situación irregular en España deberán asumir el pago de los costosos tratamientos contra el sida y el cáncer que están recibiendo los simpapeles que ya han sido diagnosticados de una infección por VIH o de un proceso oncológico, los cuales hasta ahora recibían dichos fármacos gratuitamente en hospitales públicos. Así lo aseguró ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien derivó a las autonomías la gestión de esta peculiar vía de financiación sanitaria para la población sin documentación regularizada. Mato incluyó en esta carpeta, que deberá aplicarse desde el 1 de septiembre, las visitas al médico de familia.

Una mujer inmigrante sale con su bebé del CAP de Ca n'Oriac, en Sabadell, ayer. JOSEP GARCIA

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Información publicada en la página 28 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 10 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Dado que los inmigrantes sin regularizar ya no tienen derecho a la tarjeta sanitaria pública -así lo ordena el real decreto aprobado el 24 de abril- la carga económica de las oenegés se limitará a los ya diagnosticados por VIH o cáncer, puntualizaron fuentes de Sanidad. «No habrá nuevos inmigrantes simpapeles que inicien esos tratamientos», indicaron las mismas fuentes, ya que como no tendrán derecho a ser visitados en la sanidad pública, tampoco podrán ser diagnosticados. «Las autonomías tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes en situación irregular», sostuvo Mato, una afirmación que negó de plano el conseller de Salut, Boi Ruiz. «Primera noticia», dijo este ayer mismo.

MANTIENEN LA ASISTENCIA / Los simpapeles, añadió Ruiz, van a conservar en Catalunya «prácticamente» todos los derechos sanitarios de que disponían antes del decreto restrictivo, aseguró. «Recibirán asistencia primaria, hospitalaria y de salud pública», puntualizó el conseller.

La Generalitat ha pedido al ministerio que dirige Ana Mato una rectificación radical del decreto en cuestión que, tal y como está redactado, prevé retirar la tarjeta sanitaria, además de a los inmigrantes irregulares, a los españoles que no estén asegurados en un medio laboral y paguen impuestos. «El decreto incumple la ley general de sanidad e invade las competencias del Estatut -alertó Ruiz-. El modelo sanitario español hace muchos años que no se basa en un régimen de Seguridad Social sino en un Sistema Nacional de Salud de acceso universal que concede la tarjeta sanitaria por el hecho de ser ciudadano, se esté o no asegurado y cotizando».

El titular de Salut se mostró «confiado» en que Sanidad rectifique dicho texto legal antes de su ratificación, prevista para el 17 de mayo. Agregó que así se lo ha prometido Mato: «Y no tengo por qué dudar de la palabra de una ministra».

Un portavoz de Sanidad insistió ayer en que «ningún español se va a quedar sin tarjeta sanitaria», restando importancia al hecho de que el decreto diga lo contrario y reiterando que el propio ministerio hará la oportuna enmienda del decreto.

Es cuando menos dudoso, en todo caso, que las oenegés de ayuda a la inmigración estén en disposición de asumir el coste del tratamiento de un indeterminado número de enfermos de sida, cáncer u otras dolencias graves. La terapia antisida de un individuo tiene un coste anual que excede los 7.000 euros, y las de carácter oncológico superan esa cifra.

En caso de que el Ministerio de Sanidad mantenga su decisión de retirar la credencial sanitaria a los inmigrantes sin regularizar, la Generalitat deberá decidir si, como apunta Ruiz, los sigue atendiendo, pues un real decreto es de obligado cumplimiento, y si recurre al Constitucional, ya que el texto legal invade las competencias sanitarias que tiene Catalunya desde 1981.

La opción de que el Gobierno de Mariano Rajoy dé opción a un debate parlamentario sobre el tema por medio de un proyecto de ley está descartada, aseguraron fuentes de Sanidad. «Retocaremos algunas cosas, pero el real decreto será ratificado el 17 de mayo», indicaron. La diputada Carme Capdevila, de ERC, pidió ayer al responsable de Salut de la Generalitat una declaración contraria al citado decreto, que también fue rechazado por ICV. La Generalitat confía en que una rectificación ministerial evite un conflicto mayor.