Salut ayudará a las mujeres a superar las trabas para abortar

los responsables del programa de salud sexual y reproductiva en el Institut Català de la Salut (ICS) de Barcelona, servicio público que facilita el aborto a las mujeres que lo solicitan, están decididos a blindar «hasta el máximo posible» el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, opción reconocida en la ley del 2010, aún vigente. Ese derecho quedará suprimido dentro de aproximadamente un año, cuando inicie su aplicación la ley de protección del concebido elaborada por el Gobierno del PP. Esta ley situará a las mujeres que intenten abortar  ante la obligación de buscar, y pagar, el peritaje de dos médicos ajenos al hospital que controle su embarazo, que habrán de certificar que la gestación pone en peligro la salud psíquica o física de la solicitante.

«Vamos a procurar por todos los medios que los centros del ICS mantengan hasta donde sea posible el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual, su reproducción y el aborto -afirmó ayer la comadrona Cristina Martínez, directora del servicio de la Conselleria de Salut que ofrece esa asistencia en el área de Barcelona-. La ley del Ministerio de Justicia supone una regresión absoluta. Transfiere a un profesional sanitario el poder decisorio de la mujer, y la deja sin derechos ante un embarazo, uno de los momentos más complicados de su vida».

LA PÍLDORA, EN EL AIRE / El servicio que dirige Martínez atendió en el 2012 a 184.000 mujeres que buscaban información anticonceptiva o solicitaron interrumpir una gestación. Un 42% de estas últimas, que no habían alcanzado la séptima semana de gestación, abortaron en su domicilio utilizando la píldora RU-486, un recurso considerado eficaz y menos cruento que la intervención quirúrgica convencional. El uso de esta píldora, que se administra bajo estrecha supervisión médica, queda también en entredicho con la ley del PP, que solo autoriza el aborto en caso de violación o si la gestación cuestiona la salud de la gestante y así lo certifican dos médicos.

«El Parlament ya ha aprobado una resolución abogando por que Catalunya tenga una ley del aborto propia -apuntó Martínez-. Mientras no exista, nuestro objetivo es agilizar los requisitos que deberán seguir las mujeres que intenten abortar con la nueva ley, un circuito complicadísimo. No sé aún cómo lo haremos, pero articularemos un sistema que evite que la mujer haya de ir de centro en centro en busca de dos médicos que aprueben su aborto». «Quienes atendemos los servicios del ICS tenemos claro que vamos a evitar que la ley victimice y perjudique de nuevo a las mujeres. Aunque nos resulte muy complicado», dijo Martínez.

HIPOCRESÍA Y FICCIÓN / El doctor Joaquim Calaf, catedrático de Ginecología y Obstetricia en la UAB y obstetra en ejercicio, advirtió asimismo de una drástica regresión en los derechos sociales. «La ley Gallardón nos obligará nuevamente a hacer ficción en las consultas y firmar actos hipócritas», dijo, en alusión a los citados certificados médicos. Calaf destacó como uno de los elementos que empeorará la ley del PP la previsible salida al extranjero de miles de españolas que decidirán abortar. «No tengo ninguna duda de que la mujer que quiera abortar, lo hará», dijo. «Los centros sanitarios perderán la posibilidad de registrar quién, cómo y dónde aborta, cosa que ahora sí sabemos», dijo Calaf.

Los psiquiatras que podrían ser requeridos con la entrada en vigor de la nueva ley muestran preocupación, en especial por el requisito legal que exige que la alteración psíquica que justifique el aborto tenga «permanencia en el tiempo», es decir, que no se resuelva tras interrumpir el embarazo. «¿Qué médico certificaría a un fumador que sufrirá un cáncer de pulmón? No somos adivinos. Ningún médico puede certificar el futuro», argumentó el psiquiatra Jordi Mondragón, que entrevistó, dijo, a más de 100.000 embarazadas que abortaron acogiéndose a los supuestos de la ley de 1985.

En opinión de este psiquiatra, la mujer que, bajo la ley Gallardón, decida abortar sin que haya más motivos que su voluntad, tendrá que exponer ante un psiquiatra este razonamiento: «No quiero, ni puedo, tener el hijo que espero». «Si ella no quiere tener un hijo y la ley la obliga a hacerlo, la propia ley le causará un daño psíquico permanente, porque ese hijo será permanente», argumentó Mondragón.