Salut accede a vetar por ley que la privada gestione centros públicos

La experiencia del Área Básica de Salut (ABS) de L'Escala, cuya adjudicación a la empresa privada Eulen hubo de ser anulada por la Conselleria de Salut el pasado febrero, no se repetirá, ya que la Generalitat tiene previsto modificar la ley que autorizó el concurso en el que participó dicha entidad, que no tenía experiencia en el sector sanitario y se marcaba objetivos de negocio. Salut satisfará así una reclamación del Parlament.

Mientras no se apruebe el cambio legal, el Govern establecerá que los centros afectados sigan siendo gestionados por sus actuales administradores, que en todos los casos son entidades públicas sin ánimo de lucro. El enorme rechazo social que generó la cesión a Eulen del ABS de L'Escala, que ofrece medicina de familia a ocho municipios, podría haberse repetido ahora si entidades del ámbito privado hubieran concursado -y obtenido, al proponer un abaratamiento de los servicios inasumible sin dañar la asistencia- la administración de la red de servicios de salud mental y otros centros de asistencia primaria (CAP) que están pendientes de readjudicación. Esta circunstancia afecta al centenar de CAP no adscritos al Institut Català de la Salut (ICS) y a otros servicios sanitarios concertados, cuya gestión se somete periódicamente a la ley de contratación pública. La norma no especificaba hasta ahora la titularidad que deben ostentar quienes concursan a dichos servicios, lo que, de hecho, convirtió en legítima su obtención por parte de entidades privadas. En la práctica, no obstante, nunca había sucedido así, hasta que en el 2012 se produjo el concurso de Eulen en L'Escala.

DIRECTIVA EUROPEA / Para evitar la reedición de este problema y ajustarse a la trasposición de una directiva europea cuyo plazo de cumplimiento expira en abril del 2016, el Govern  ha redactado un acuerdo, que prevé aprobar este mismo mes, que sí obliga a especificar las características de quienes concursen a la gestión de servicios sanitarios.

El acuerdo del Govern puntualiza que en dichos contratos deberá prevalecer el «modelo sanitario público actual, propio de nuestro estado del bienestar». Esta clausula se incluirá en la nueva ley de ordenación sanitaria del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), que agrupa a los centros del ICS y a la red de hospitales y CAP que conciertan su asistencia con el Servei Català de la Salut (CatSalut), es decir, a todo el sistema. Será difícil que la ley del SISCAT se apruebe en la actual legislatura, ya que está a punto de concluir.

La directiva europea que enmarca el tema -válida también para los centros educativos- pretende ofrecer a los estados de la UE «un amplio margen de maniobra para organizar la elección de los proveedores de los servicios públicos esenciales de la forma que consideren más oportuna», imponiendo los principios de «transparencia e igualdad de trato». Dado que las autonomías españolas disponen de competencias en materia sanitaria, corresponde a ellas, y no al Ministerio de Sanidad, aplicar la citada directiva europea.